Foto: Pablo Imhoff, Malvinas desde el avión.
Un reciente artículo del diario isleño Penguin News dejó en evidencia, por si todavía había dudas, el factor estrictamente económico que alimenta el renovado interés británico por relanzar la “integración” de los habitantes de las Islas Malvinas con el continente, con la condición de mantener la disputa de soberanía bajo el “paraguas” concebido en 1989, explícita en los Acuerdos Foradori-Duncan, de 2016.
El Penguin citó una encuesta realizada entre un centenar de empresarios que operan en las islas según la cual las principales barreras para su expansión desde Malvinas son la velocidad y calidad de las telecomunicaciones y las conexiones aéreas, un aspecto que los actuales gobiernos argentino y británico han decidido atender en esta nueva “apertura del diálogo” bilateral.
La estrategia británica debe leerse en los términos históricos que la caracterizan desde 1982, negarse a cualquier discusión sobre soberanía, pero además en una coyuntura específica de las islas. Según Penguin, desde 2011 se establecieron 41 nuevos negocios (12 sólo desde 2017), de construcción, turismo, minorista, pesca y servicios comerciales.
El establecimiento de tantas empresas nuevas sugiere un período de crecimiento y confianza en la economía de las islas Malvinas”, resume el informe, y añade después de detallar los volúmenes de negocios: “El aumento de empresas que reportaron una mayor facturación en 2017 respecto de 2016 sugiere que la actividad comercial aumentó en Malvinas y se prevé que seguirá haciéndolo en 2018”.
Si el argumento esgrimido es el de la conveniencia de un “acercamiento” a los isleños como parte de una reflotada estrategia de “seducción” que mantenga como meta última la recuperación de la soberanía argentina sobre las Malvinas, estamos obligados a llamar la atención sobre la falacia de esta clase de “integración”.
Antes y después
En 1971, después del arriesgado rescate sanitario aéreo de un residente de las islas por parte de pilotos de nuestra Fuerza Aérea, los dos países acordaron establecer vuelos oficiales a las islas desde Río Gallegos, con aviones anfibios. Enseguida vendría la construcción de una pista de aterrizaje por la Fuerza Aérea para los vuelos semanales de la estatal LADE, la instalación de una estación de YPF, la atención a isleñas parturientas en el continente e intercambios escolares, todo ello hasta 1982.
O sea, los esfuerzos de “integración” tienen historia. Sin embargo, aquellos de los 70 tenían una cualidad imprescindible: mantenían visible, sobre la mesa, la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU de 1965, que estableció la Cuestión Malvinas, que exhorta a resolver una disputa de soberanía y debe ser la piedra angular de la estrategia argentina para recuperar las islas del Atlántico Sur.
En esa resolución de 1965 quedaron sentados hasta hoy los elementos fundamentales de la Cuestión Malvinas, como una forma “especial y particular” de colonialismo que involucra a dos Estados, como únicas partes legitimadas para negociar, más allá del respeto por los “intereses” de los habitantes de las islas.
Gran Bretaña ni siquiera votó en contra de la Resolución 2065, sólo se abstuvo. Meses después, en enero de 1966, un secretario de Asuntos Exteriores británico llegó a acordar con la Cancillería argentina cumplir el mandato de la ONU. Como toda estrategia, incluso las mejores, ello demandaría tiempo. Desde entonces han transcurrido más de cinco décadas, y la Guerra de 1982, que ha sembrado el actual malestar de los isleños con la Argentina. Pero, en verdad, hay un único común denominador que explica que, en todo este tiempo, no se haya podido avanzar: la reticencia británica a aceptar el vigente mandato de la ONU.
Diálogo fragmentado
Bajo el actual gobierno, en el marco de los Acuerdos Foradori-Duncan, asistimos a una reapertura del diálogo Buenos Aires-Londres pero con el acento puesto en las conexiones aéreas y la pesca, un tipo de integración sesgado, conveniente a los intereses británicos de la hora, bajo el “paraguas” de la disputa de soberanía.
Razonablemente, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de sus legisladores nacionales, exige que ese convenio sea tratado en el Congreso de la Nación.
Ciertamente, la única alternativa en la Cuestión Malvinas es trabajar para generar las condiciones políticas propicias para el inicio del diálogo y la negociación. Hay un mandato constitucional y el deseo de cuidar y velar por los intereses de los habitantes de las Islas.
Claro que hay que tener gestos que profundicen todas las alternativas de diálogo que incluyan el comercio, la explotación de recursos naturales, el turismo, los vuelos a las islas y el turismo. Pero siempre y cuando la disputa de soberanía por las Islas se mantenga en la mesa de cualquier negociación. Hay que discutir sobre todos los temas. Pero sobre todos.
Un diálogo fragmentado como el actual, considerando la antigua contumacia británica para aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas, podría terminar consolidando la posición de Londres en la disputa originaria de soberanía, menoscabando la posición argentina y sembrando antecedentes inconvenientes.
Por Jorge Argüello, publicado 30/07/2018 en Diario El Sureño