"Análisis de los comunicados del G20 - Reuniones Anuales 2020", por Bretton Woods Project



En medio de las predicciones de una prolongada crisis de la deuda y de una recuperación económica desigual, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Veinte (G20) se reunieron prácticamente en las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI para 2020 el 14 de octubre bajo la presidencia de Arabia Saudita. Ante la creciente presión, incluso del Banco Mundial y el FMI, para que se adoptaran nuevas medidas de alivio de la deuda y se aumentara urgentemente el apoyo fiscal a los países más pobres, el G-20 no cumplió y emitió otro comunicado insuficiente.


En la reunión informativa para la prensa del G-20 celebrada el 14 de octubre, el Ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, anunció una prórroga de seis meses de la Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, con el compromiso de examinar y considerar una nueva prórroga de seis meses en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial en abril de 2021. El anuncio no satisface ni siquiera los más modestos llamamientos de los dirigentes de los países de bajos ingresos para una prórroga de un año, reiterados por el FMI y el Banco Mundial. Desde que se puso en marcha en abril como parte del Plan de Acción del Grupo de los 20, el DSSI sólo ha sido aceptado por 46 de los 73 países que reúnen los requisitos, debido en gran medida a la preocupación de los países por la forma en que la degradación de sus calificaciones crediticias afectaría al acceso a los mercados, así como a la inquietud por el requisito de suscribir el apoyo financiero del FMI y las estrictas condiciones que lo acompañan. En un informe de la red de la sociedad civil Eurodad, con sede en Bélgica, se llegó a la conclusión de que la suspensión del servicio de la deuda por conducto del DSSI representaba sólo el 1,6% del total de los pagos de la deuda que debían hacer los países en desarrollo en 2020. El informe demostró que el DSSI excluye a 12 países de ingresos medianos bajos, 18 pequeños Estados insulares en desarrollo y 48 países de ingresos medianos altos, independientemente de su vulnerabilidad a las crisis de la deuda.


Al mismo tiempo, los bancos multilaterales de desarrollo y los acreedores privados no están obligados a ofrecer suspensiones de la deuda, como lo demuestra la negativa del Banco Mundial a hacerlo hasta la fecha (véase At Issue Summer 2020). A pesar de las calurosas palabras de aliento del G20 que instan a los acreedores privados a unirse, éstos se niegan a jugar a la pelota, como se indica en una carta de septiembre del Instituto de Finanzas Internacionales al G20.


Antes de la reunión, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dejó clara su frustración al afirmar que "el DSSI aplaza los pagos de la deuda y añade intereses, no reduce la deuda". Es importante que la gente de los países más pobres vea una reducción real de la cantidad de deuda". Más allá del DSSI, se esperaba que el G20 discutiera un marco común para la reducción de la deuda pero no llegó a un acuerdo. En cambio, en el comunicado se afirmaba que "estaba de acuerdo en principio" y que trabajaría para negociar un "Marco Común para los Tratamientos de la Deuda" que se publicaría en la Cumbre de los Líderes del G20 en Riad en noviembre de 2020. En una declaración inusualmente franca en la reunión del G20, Malpass presionó: "Es urgente avanzar rápidamente en un marco porque el riesgo de incumplimientos desordenados está aumentando".


El marco establecería un proceso para abordar la reducción de la deuda, incluida la reestructuración y el alivio, pero el comunicado confirmó que probablemente se llevará a cabo sobre una base "caso por caso". Comentando el anuncio, Iolanda Fresnillo, de Eurodad, dijo: "Hasta ahora no sabemos en qué condiciones se ofrecerán estos tratamientos de la deuda, a qué países o de qué prestamistas, o si el acuerdo incluye algún tipo de cancelación de la deuda". Sarah Jayne-Clifton, de la Campaña por la Deuda del Jubileo, con sede en el Reino Unido, acogió con satisfacción el marco común, añadiendo: "Pero esto tiene que ser amplio, no caso por caso. El mes que viene el G20 tiene que acordar la cancelación de los pagos de la deuda de los países más pobres a los prestamistas privados, multilaterales y bilaterales durante cuatro años".


"Cuando los elefantes luchan, es la hierba la que sufre": Los acreedores bloquean la adopción de nuevas medidas para solucionar el problema de la deuda


Malpass y los líderes de los países del G7 han apuntado a China, que ha sido objeto de críticas por no participar plenamente en el DSSI y por su transparencia en los préstamos. Hasta ahora, China no ha incluido el alivio de los préstamos de varias entidades estatales, incluido el Banco de Desarrollo de China. Pero sostiene que ha proporcionado casi la mitad del alivio negociado este año. Mark Bohlund de la plataforma de analistas de mercado Redd Intelligence enfatizó en el Financial Times (FT) que, bajo el DSSI "mucha de la carga recae esencialmente en China".


Aunque Al-Jaadan aseguró: "No dejamos ninguna piedra sin remover", al acordar las medidas de alivio de la deuda, para muchos revela el sesgo inherente del G20 como acreedor. Stephanie Blankenburg, jefa de deuda y financiación del desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dijo al CJ: "Hay un acuerdo entre los países avanzados y los países en desarrollo en el G20 para representar únicamente los intereses de los acreedores". No se habla en absoluto de cómo los países deudores podrían recibir sus propuestas". En un movimiento que es inusual para el presidente del Banco Mundial, Malpass se hizo eco de estos comentarios durante un evento en las Reuniones Anuales, declarando que el G20 es "en su mayoría países acreedores", que él podría imaginar que tienen un "interés en que se pague gran parte de la deuda" y en "mantener la inercia". Añadió que las estructuras jurídicas "favorecen a los acreedores" y pidió a los EE.UU. y al Reino Unido en particular que abordaran su propia legislación, que facilita a los acreedores privados la ejecución del servicio de la deuda a través de los tribunales. De hecho, la distinción entre los intereses de los acreedores del G20 y los intereses de los acreedores privados no está tan clara, como lo sostiene la profesora Daniela Gabor en un reciente artículo escrito para la revista estadounidense Jacobin. La deuda soberana que se debe a los acreedores privados se ha triplicado prácticamente durante el último decenio, pasando de 186.000 millones de dólares en 2008 a 535.000 millones de dólares en 2018, lo que equivale aproximadamente al 41% del total de la deuda soberana.


Cuando se le preguntó acerca de la falta de oportunidades de los países deudores para contribuir al proceso de adopción de decisiones sobre la deuda en la reunión informativa del Grupo de los Veinte, Al-Jadaan respondió diciendo que esos países deberían utilizar su "amplísima representación" en el FMI y el Banco Mundial para influir en los debates sobre la deuda, comentario que podría levantar las cejas al día siguiente de que el Grupo de los Veinticuatro (G24, un grupo de países en desarrollo) emitiera su comunicado en el que pedía la reforma de las cuotas del FMI para lograr una mayor representación (véase el análisis del comunicado del G24 sobre las reuniones anuales de 2020). Los cambios en la participación del Banco en los últimos años han dado lugar en gran medida a una mayor participación de China, mientras que muchos países en desarrollo siguen estando muy poco representados tanto en el FMI como en el Banco Mundial (véase Dentro de las instituciones abril de 2020).


No es sorprendente que el Grupo de los 77 países en desarrollo haya pedido durante mucho tiempo un mecanismo de reestructuración de la deuda, e incluso que haya obtenido una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se comprometa al organismo a trabajar para establecer un marco jurídico multilateral para la reestructuración de la deuda soberana en 2014. A principios de este mes, el FMI se ha pronunciado a favor de la reforma de la arquitectura de la deuda internacional para "apoyar una reestructuración ordenada de la deuda". En una carta abierta el 15 de octubre dirigida a todos los gobiernos, instituciones financieras internacionales y prestamistas, más de 500 grupos pidieron una vez más "un marco justo, transparente, vinculante y multilateral para la resolución de la crisis de la deuda (bajo los auspicios de las Naciones Unidas y no en las arenas dominadas por los prestamistas) que aborde la deuda insostenible e ilegítima".


Propuestas de préstamos e impuestos: Una gota tentativa en el océano


El G20 acogió con agrado los informes sobre los Planes para el Pilar 1 y el Pilar 2 del G20 y el Marco Inclusivo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la Erosión de la Base y el Cambio de Beneficios (BEPS). Las propuestas esbozan nuevas normas sobre dónde se deben pagar los impuestos y un impuesto mínimo mundial, que la OCDE estima que recuperaría 200.000 millones de dólares de ganancias de ingresos. Sin embargo, las propuestas no estuvieron a la altura de las expectativas. Alex Cobham, de Tax Justice Network, arremetió contra los informes calificándolos de "paraíso fiscal lite" y argumentó que indicaban que la OCDE es "incapaz de llevar a cabo las reformas fiscales urgentes que el mundo necesita". El activista de justicia fiscal y periodista Oliver Bullough señaló que las nuevas propuestas representarían menos de la mitad de las pérdidas anuales del mundo en paraísos fiscales.


Incluso estas propuestas poco sistemáticas aún no han sido acordadas, ya que el comunicado del G20 insta a las partes a "abordar las cuestiones restantes con miras a alcanzar una solución global y consensuada para mediados de 2021". Esto a pesar de la propia advertencia de la OCDE de que los países en desarrollo que se enfrentan a los costos de la pandemia podrían sufrir un doble golpe por la escalada de las guerras comerciales a menos que las conversaciones internacionales sobre las normas fiscales tengan éxito.


No es de extrañar que el comunicado del G20 guardara silencio una vez más sobre la cuestión de una nueva emisión de la moneda de reserva del FMI, los Derechos Especiales de Giro (DEG), a la que anteriormente se oponían tanto los Estados Unidos como la India (véase el análisis del comunicado del G20, Reuniones de Primavera 2020). Esto se produce en medio de informes que indican que la financiación de la respuesta del FMI y el Banco Mundial al Covid-19 no se ha acercado a los 2,5 billones de dólares necesarios para satisfacer las necesidades inmediatas de financiación del Covid-19. Cuando se le preguntó sobre esto durante la sesión informativa para la prensa, Al-Jadaan enfatizó que el G20 "continuará pidiendo... al FMI que explore todas las opciones posibles para asegurar que proporcionemos apoyo a los países que lo necesitan, incluso a través de formas de emisión de Derechos Especiales de Giro". Una emisión de DEG cubriría fácilmente los costos de la cancelación de la deuda multilateral.


Al comienzo de las Reuniones Anuales, el Ministro de Finanzas de Ghana y Presidente del G24, Ken Ofori-Atta, destacó que los países del G20 ya han gastado más de 10 billones de dólares en planes de recuperación y estímulo económico para sus propias economías. Antes de la reunión del G-20, criticó a los Estados Unidos por oponerse a una emisión de DEG y a China por bloquear el progreso en el alivio de la deuda, lo que ha obstaculizado la respuesta multilateral, y preguntó: "¿Dónde está la feroz urgencia de cambio en un acontecimiento mundial de esta magnitud? Está claro que el G20 todavía no tiene una respuesta a esta pregunta.


Publicado originalmente en Bretton Woods Project, octubre 2020.

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