Una pequeña región de Bélgica con menos de 4.000.000 de habitantes puso en jaque durante varias semanas a todo el andamiaje político e institucional de la Unión Europea al trabar, mediante el rechazo de sus legisladores, la firma de un acuerdo de asociación económica entre Canadá y el bloque de los 28 (serán 27 con el Brexit). Es un claro reflejo de las prevenciones que generan en distintas comunidades los tratados generales de libre comercio.
El caso de Valonia, la región belga que se opuso al tratado, es el calentamiento de una pulseada mayor: la negociación de un acuerdo transatlántico de libre comercio, hoy en declinación por la oposición de Donald Trump, primero y de Hillary Clinton después, apremiada ella por las demandas electorales y la prédica de Bernie Sanders. Si la Unión Europea tiene serias dificultades para cerrar un acuerdo con Canadá, un país con menos de 40.000.000 de habitantes, ¿cómo será capaz de dar forma a un entendimiento con Estados Unidos o de llevar adelante las tratativas para el Brexit?
La oposición de Valonia al tratado con Canadá, a la que se sumó el Gobierno de la ciudad de Bruselas, recoge diversos fundamentos. Uno de los más debatidos es la creación de tribunales especiales para que empresas y Estados diriman sus diferencias en materia de inversiones y regulaciones. Los que recelan del acuerdo sostienen que el texto abre las puertas para potenciales demandas millonarias de las corporaciones –no sólo las canadienses, sino las norteamericanas radicadas en Canadá– contra los Estados europeos. Recuerdan que en las últimas dos décadas unos veinte Estados miembros de la Unión Europea recibieron demandas de empresas multinacionales a resolverse en tribunales arbitrales por casi 30.000 millones de euros. Eslovaquia, por caso, debió pagar más de 500 millones de euros al banco Ceskoslovenska Obchodni debido a una de esas controversias.
Los negociadores europeos y canadienses introdujeron reformas al texto final para evitar que los países deban exponerse a aceptar una pérdida de su potestad soberana en estos conflictos, pero la disconformidad no cesó y sólo en las últimas horas Bélgica anunció que unificaba posturas internas para una cumbre con Canadá.
Por otra parte, los opositores al CETA –así se llama el tratado por sus siglas en inglés– argumentan que Canadá tiene normas más flexibles en el uso de agroquímicos, así como también en el plano fitosanitario, algo que supondría un retroceso respecto de los estándares europeos.
Desde la Comisión Europea aseguran que el tratado permitirá aumentar 20% el comercio entre ambas partes y que generará mayor actividad y empleo. Pero en Valonia desconfían. Esa región belga perdió casi 10.000 empleos en la última década y una formación política de izquierda, con discurso contrario a los tratados de libre comercio, le pisa los talones al gobernante partido socialista. Poco margen político, entonces, para disciplinarse sin protestar.
El episodio valón es un caso testigo para el liderazgo de las instituciones de la Unión Europea, severamente mellado por el Brexit y el creciente protagonismo de fuerzas políticas de orientación nacionalista. En este caso no hubo referéndum, herramienta que tantas sorpresas deparó en los últimos meses, sino la intervención de un parlamento local. Es que los nuevos tratados “de segunda generación”, es decir, los que involucran ya no reducción de aranceles sino cuestiones regulatorias, de compras públicas e inversiones, deben ser sometidos a las legislaturas de los países y las regiones que se verán afectados.
También augura este incidente un horizonte sombrío para la negociación de un amplio tratado entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y mirando hacia América Latina abre interrogantes sobre las expectativas para un acuerdo con el Mercosur. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lo resumió en una frase: “Si no podemos justificar un acuerdo con Canadá, que es el país más europeo fuera de Europa, habrá consecuencias para nuestra posición futura”.
No se trata de encumbrar como consigna política el aislamiento comercial. Pero no son pocos los políticos y economistas en Europa que creen que no es lo mismo “protección” que “proteccionismo”. El tratamiento pormenorizado de las asimetrías entre los bloques y los países negociadores y la necesidad de preservar empleos y sectores productivos en un mundo que crece lento y débil son capítulos orientativos que la letra de un acuerdo no debería desdibujar.
Por Eduardo de Simone
Publicado en El Economista
28/10/2016