El conflicto independentista que tiene en vilo a España y a la región de Cataluña comenzó a generar amplia preocupación en Europa. Son dos las razones básicas de la inquietud: una, el efecto demostración que tendría en otros territorios del continente la persistencia de la ofensiva separatista de la Generalitat; la otra, los interrogantes sobre la seguridad europea, luego de que Barcelona fue blanco de un ataque terrorista asumido por el Estado Islámico.
La alarma europea por Cataluña saltó de los conciliábulos de la burocracia comunitaria a las declaraciones públicas de sus principales espadas políticas. El presidente del Parlamento Europeo advirtió que una acción contra la Constitución de España será equivalente a un agravio hacia la Unión Europea. Y ratificó que si Cataluña pone en marcha la ruptura automáticamente quedará fuera del bloque continental. Hasta Emmanuel Macron, el presidente francés, resolvió intervenir en la contienda al asegurar que su país mantiene firmes lazos de cooperación con “una España fuerte y unida” y que ello es fundamental para afianzar la seguridad interior en ambas naciones.
La posibilidad de un contagio europeo del afán secesionista catalán es una derivación natural. Diferentes regiones en Italia, Alemania (hay elecciones en dos semanas), Bélgica y Francia siguen con atención el proceso para evaluar la dirección que asignarán a sus demandas separatistas. Este impulso a la fragmentación se verifica en momentos en que la propia unidad europea es amenazada por la decepción que el proyecto integrador provocó en amplios sectores de la población de los países miembros, atribulados por años de austeridad, pérdida de empleos y una recesión que sólo ahora parece comenzar, tibiamente, a quedar atrás.
¿Cómo retomar la iniciativa para fortalecer el proyecto europeo si en países clave de la Unión prevalecen tendencias separatistas?
No es menos relevante el capítulo de la seguridad. Los atentados en Barcelona y en otras localidades catalanas que conmocionaron al mundo semanas atrás dejaron en evidencia la necesidad de mayor coordinación y cooperación entre las fuerzas policiales, de seguridad y los organismos de inteligencia de los distintos países del bloque. Pero en España se extienden las imputaciones que cuestionan la débil colaboración entre el gobierno central y la administración catalana en materia de prevención antiterrorista.
El referéndum lanzado por el gobierno de Carles Puigdemont para el 1º de octubre está sujeto a fuego cruzado por la gestión de Mariano Rajoy y por el Tribunal Constitucional. Sus fundamentos legales son ciertamente cuestionables, así como son muy débiles las garantías para una votación transparente si el llamado a las urnas llegara a concretarse.
Naturalmente, el sentimiento nacional de los catalanes no podrá encorsetarse con resoluciones judiciales. Si algo espera la Generalitat es que el gobierno español le conceda una justificación para movilizar a la población en la calle en defensa del proclamado derecho a la autodeterminación.
Por eso, la evolución de este sensible diferendo será un caso testigo para la política internacional. Al margen de la pulseada institucional, la resolución deberá resolver, cuál es la verdadera idea que los sectores involucrados tienen sobre el significado de la cohesión social, más allá de toda diversidad.
Por Eduardo de Simone, de la Fundación Embajada Abierta.
Publicado en septiembre de 2017 en Infobae