Cuestión Malvinas, los deseos y los intereses (de Londres)



En 2012, un miembro de la autodenominada asamblea legislativa de los residentes en las Islas Malvinas, Roger Edwards, reconoció que los británicos expulsaron a la guarnición argentina en 1833, pero negó que los kelpers fueran una “población implantada”, y se quejó: “¿Nadie escucha a los isleños?”.

El planteo es revelador, viniendo de quien vino. Edwards no nació en Las Malvinas sino en Brinkwworth, a 80 km al oeste de Londres. Edwards no es civil, sino miembro retirado de las SAS (Fuerzas Aéreas Especiales) británicas. Y, por fin, Edwards se instaló en las islas en 1986, tras combatir con su grupo de élite en 1982. Es la esencia del poblador “implantado” en territorio usurpado.

A ese “implante” de población británica se refiere la ONU cuando llama a Buenos Aires y a Londres a sentarse a una negociación bilateral directa sobre la disputa de soberanía de Malvinas. Para la ONU, en la Cuestión Malvinas no hay un pueblo sujeto a la dominación o explotación extranjera, sino un territorio cuya soberanía está en disputa entre dos países.

Nuestra Constitución Nacional establece como objetivo permanente e irrenunciable de la Argentina la recuperación de la soberanía en la Cuestión Malvinas “respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional”. También la ONU insta a respetar los “intereses” de los isleños. Londres, en cambio, exige respetar sus “deseos”.

Pero deseos no son intereses.

Y lo han reconocido los propios británicos para otro archipiélago de ultramar, Chagos, una formación de coral de menos de 60 km2 en el Océano Índico, a mitad de camino entre India y África, parte de las islas Mauricio.

En 1965, Gran Bretaña desmembró a Chagos de su colonia de Mauricio (que se independizó como república en 1968) y se la alquiló después a Estados Unidos para la instalación de una base militar en la isla Diego García. Los chagosianos tenían derecho y “deseos”, de pertenecer a Mauricio, pero Londres impuso sus propios “intereses” y desalojó la totalidad de la población para proceder al arrendamiento.

Una demanda de los chagosianos por el desplazamiento llegó a la justicia británica y tuvo un fallo a favor del Tribunal Supremo que lo consideró ilegal. Pero la Cámara de los Lores resolvió la cuestión a favor de Londres. El argumento fue que los chagosianos no tenían ni territorio propio ni derechos sobre las islas…

A partir de allí, en distintas instancias, el Reino Unido alegó que ese pueblo, para cuando fue desplazado, no gozaba internacionalmente del derecho reconocido a la “libre determinación”. Sí, lector… el mismo principio que reivindica en Malvinas para los isleños.

Hace un año, la Asamblea General de la ONU aprobó elevar el caso de los chagosianos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, requiriendo su opinión consultiva. La resolución fue aprobada por 94 votos a favor, 15 en contra y 65 abstenciones.

Lo curioso es que el propio representante británico ante la ONU dijo en el debate que “se necesitan conversaciones bilaterales para resolver las diferencias bilaterales”.

Paradójicamente, ese mismo país, mientras se resiste a abrir el diálogo bilateral con Argentina -al que nos insta desde 1965 la Asamblea General de la ONU- despliega en el Atlántico Sur un poderío militar creciente para sostener sus intereses estratégicos. La explotación ilegal de recursos naturales le exige a Londres hacer una segunda operación de implante, ahora el de una “prótesis” militar de buques, aviones y efectivos. Y de esto está dando cuenta la comunidad internacional.

Volviendo a la pregunta de Edwards sobre los isleños, la respuesta es que Gran Bretaña se empeña en no escuchar y sigue demasiado ocupada en imponer sus propios intereses.

*Jorge Argüello, es el actual secretario de Estado para la Cuestión Malvinas, de la Provincia de Tierra de Fuego

Publicado en El Sureño Web (03/07/2018)


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