"El gobierno rompe las mejores tradiciones argentinas en Naciones Unidas", por María Cecilia Míguez
El miércoles 28 de octubre fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que Cuba presenta sistemáticamente desde 1992, y que expresa la “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América” contra la isla. El texto, tratado por trigésima cuarta vez desde aquella fecha, tuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. La Argentina votó en contra, al igual que lo hizo el año pasado. Esos dos votos negativos reflejan una contradicción importante con una larga trayectoria nacional.
Era la presidencia de Carlos Saúl Menem cuando Cuba presentó por primera vez dicho proyecto, la etapa de política exterior neoliberal que trascendería como la de las “relaciones carnales” o del alineamiento automático. En esa oportunidad, el gobierno argentino se abstuvo y mantendría esa postura en 1993 y 1994. Sin embargo, desde 1995 y hasta 2024, el país sostendría una posición favorable, coherente y ratificada incluso por una Ley de 1997. Veintinueve votos positivos argentinos en la Asamblea General de la ONU atravesaron así los gobiernos de Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
El voto afirmativo del gobierno menemista tuvo relación con la denominada ley Helms-Burton, firmada por Bill Clinton el 12 de marzo de 1996, que extendía las sanciones a empresas de terceros países por operar con bienes expropiados en Cuba. La reacción regional fue inmediata. El Grupo de Río, reunido en La Paz el 8 de marzo de 1996, había calificado el proyecto como “una aplicación extra territorial del derecho interno opuesto al derecho internacional público”. La Asamblea General de la OEA encargó al Comité Jurídico Interamericano una opinión sobre la validez de la norma y este concluyó por unanimidad, que sus fundamentos y su eventual aplicación no se ajustaban al derecho internacional. México, Canadá y la Unión Europea adoptaron ese mismo año normas para neutralizar sus efectos, y la Argentina hizo lo propio con la Ley 24.871. Dispuso que las leyes extranjeras que restrinjan el comercio o la circulación de capitales, bienes o personas en perjuicio de un país, o que habiliten reclamos por expropiaciones en terceros países, no tienen efectos jurídicos en el territorio nacional, y extiende ese criterio a las que busquen, mediante bloqueos económicos, cambiar el gobierno de un país o afectar su autodeterminación.
Prohíbe -porque se encuentra vigente- a las autoridades entregar información a tribunales extranjeros que actúen con base en esas normas, impide a los jueces ejecutar sentencias o laudos fundados en ellas y habilita a los afectados a reclamar en tribunales federales la restitución de lo pagado. La norma no fue derogada ni modificada. La definición argentina entre 1995 y 2024 fue, en efecto, resultado de una posición histórica del país contra los embargos, a su vez relacionada con la necesidad de articular en espacios regionales y periféricos, como parte de una estrategia también histórica y de largo plazo: la búsqueda de apoyos para la Cuestión Malvinas.
En octubre de 2024, ya con Javier Milei en la presidencia, la delegación argentina mantuvo el voto afirmativo y, como consecuencia de ello, la ministra Diana Mondino fue removida de su cargo; la cancillería había fundado la posición, en línea con la legislación citado, en su rechazo histórico a las medidas coercitivas unilaterales no dispuestas por el Consejo de Seguridad. Pero la definición presidencial no se hizo esperar y reforzó su sesgo autoritario. Tras el reemplazo de Mondino por Gerardo Werthein, el presidente envió una carta al cuerpo diplomático en la que le exigió alinearse con los valores de “libertad, soberanía y derechos individuales” o dejar el cargo. Como se decía más arriba, el 29 de octubre de 2025 la Argentina votó por primera vez en contra y el pasado 28 de octubre de 2026 repitió el voto.
En un ejemplo más de una política exterior alineada y seguidista, cuyos principales aliados son el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, y el de Benjamin Netanyahu en Israel, esa decisión contradice una ley argentina vigente y abandona una posición sostenida durante tres décadas por gobiernos de todo el arco político.
Las decisiones del gobierno de Javier Milei se despliegan al compás de la dependencia (Míguez, 2026), reforzando una inserción económica y política subordinada a los Estados Unidos, que se asienta además en el objetivo de instalar una nueva narrativa identitaria para el país (Deciancio y Míguez, 2026). Se trata de un intento de trastocar y destruir trayectorias históricas que hacen pie en importantes conquistas de la sociedad argentina. En el caso de la posición contra los embargos, esta recoge una extensa tradición de defensa de la autodeterminación y de la no injerencia de las grandes potencias. Podríamos remitirnos a la Doctrina Calvo, la Doctrina Drago, la política exterior de Honorio Pueyrredón, canciller de Hipólito Yrigoyen, la negativa de los gobiernos conservadores a permitir bases militares estadounidenses iniciada la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Posición peronista, la negativa al bloqueo a Cuba de Arturo Frondizi, y la no intervención en Santo Domingo de Arturo Illia, por nombrar solo algunos casos emblemáticos. La Argentina fue pionera, prolífica y portadora de un alto perfil en la construcción y defensa del derecho internacional. Algo que este gobierno pretende dislocar.
El cambio de voto respecto de Cuba no constituye un ejemplo aislado. La conducta adoptada por el gobierno de La Libertad Avanza ha actuado con volantazos similares en otros temas preciados para la política internacional argentina. Un ejemplo es la cuestión de los derechos humanos y de los derechos vinculados a la denominada agenda de género. Desde 1983, en Naciones Unidas, la Argentina se convirtió en referente en los temas derivados de la experiencia histórica de la dictadura cívico militar.
Introdujo en la agenda internacional el derecho a la verdad, proponiendo y liderando importantes resoluciones como la 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos y la 68/165 de la Asamblea General en 2013. Presentó también las resoluciones del Consejo sobre genética forense y derechos humanos y junto con Suiza lideró en 2011 la creación del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Junto con Francia impulsó la iniciativa binacional que culminó en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Fue miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos y lo integró en los períodos 2006-2007, 2009-2011, 2013-2015, 2019-2021 y 2022-2024. En 2022 lo presidió por primera vez, y en 2025, el gobierno de LLA, declinó su candidatura para el período 2026-2028.
En los últimos años, la denominada agenda de género se incorporó a la política exterior en un lapso breve porque encontró un terreno preparado por la trayectoria del país en derechos humanos y por la fuerza de los movimientos feministas locales. Argentina promovió en Naciones Unidas resoluciones sobre matrimonio infantil, precoz y forzado en situaciones humanitarias, la inclusión de la perspectiva de género en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Con Javier Milei en la presidencia, el 14 de noviembre de 2024 la Argentina fue el único país que votó en contra de la resolución de la Tercera Comisión de la Asamblea General destinada a intensificar la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital (A/C.3/79/L.17/Rev.1). El texto obtuvo 170 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones.
El ejercicio de atentar contra largas trayectorias pacíficas y de neutralidad también se expresó en estos últimos años de gobierno de LLA en votos como el rechazo a la integración de Palestina como miembro de Naciones Unidas (también junto con Estados Unidos e Israel), su abstención en una resolución que promovía un mundo libre de armas nucleares, en contra de condenar la esclavitud racializada como el crimen de lesa humanidad más grave, y su reciente abtención en el proyecto de erradicar las formas contemporáneas de colonialismo. En este último caso, contrariando toda la trayectoria del país de afirmación de la soberanía de las Islas Malvinas contra el colonialismo británico y poniendo en evidencia el cinismo -así como los verdaderos objetivos de seguridad- de la Ley de Defensa Nacional enviada al Congreso.
Renouvin y Duroselle (2000), referencia ineludible de la historia de las relaciones internacionales, contaban, entre las fuerzas profundas que conforman las relaciones entre los grupos humanos, “los caracteres de la mentalidad colectiva, las grandes corrientes sentimentales”. Los argentinos y argentinas estamos presenciando hoy una política que lastima, horada y trastoca parte de esas fuerzas profundas que nos erigieron frente al resto de los países del mundo como una nación comprometida con la defensa de la igualdad de las naciones, el multilateralismo, la solución pacífica de las controversias, la neutralidad y los derechos humanos. Sin duda nuestras mejores tradiciones.
