La economía moderna ofrece a diario muestras de su fenomenal capacidad para generar innovación y promover el crecimiento, probada incluso bajo la pandemia, cuando el mundo fue capaz de desarrollar y producir vacunas para contener la crisis sanitaria, pero también estrategias de contención económica que posibilitaron una recuperación en tiempo record.
Sin embargo, esta fascinante capacidad para traspasar las fronteras del conocimiento e impulsar la generación de riqueza encuentra en los mecanismos de mercado límites concretos para distribuir de forma equitativa los frutos del crecimiento. Por eso, la desigualdad es un asunto central en la agenda política y económica global y, en la última década, alcanzó un protagonismo todavía mayor.
La pandemia del Covid-19, primero, y la invasión de Rusia a Ucrania después exacerbaron esos problemas de desigualdad, y las estimaciones del Banco Mundial son elocuentes. Aunque personas de todos los niveles sociales enfrentaron pérdidas de ingresos durante la crisis del Covid, fue el 20% de la población más pobre el que padeció caídas proporcionalmente mayores.
Algo similar ocurre ahora con la guerra en Europa. La invasión rusa afectó las cadenas de producción de alimentos y energía generando un severo impacto sobre los precios de estos productos. Las renovadas tensiones inflacionarias a escala global impactan sobre la seguridad alimentaria y los ingresos de los más pobres.
Tanto, que será una cuestión central en la próxima reunión del Grupo de los 7 (G7) países más desarrollados, a finales de junio en Alemania, esta vez con mandatarios invitados de todas las regiones y donde el presidente argentino, Alberto Fernández, será el encargado de llevar la voz de toda América Latina.
El fracaso del derrame. Las derivaciones de esta compleja crisis que atravesamos de Norte a Sur son múltiples y tienden a exacerbar la inequidad de la recuperación global, con profundas heterogeneidades dentro de cada país y también entre naciones. Aquí es donde se hace necesaria la acción política.
Son muchos los actores que buscan contener los efectos sociales de la crisis energética y alimentaria en marcha. El propio FMI recomendó recientemente elevar temporalmente los impuestos a las compañías que perciban beneficios excesivos en vistas de atender las consecuencias de la crisis.
En este marco se inscriben las iniciativas del gobierno de Italia de establecer un impuesto sobre beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y la decisión de Reino Unido de un windfall tax (impuesto a las ganancias “caídas del cielo” de 25%) que alcance a compañías petroleras y de gas.
Un poco por tradición y otro por necesidad, Argentina está llamada a asumir un rol de avanzada a nivel regional en la implementación de iniciativas que busquen amortiguar este nuevo shock distributivo.
Aunque nuestro país supo constituirse a lo largo de su historia, como una excepción positiva dentro de esa compleja realidad que hace de América Latina la región más desigual del mundo, hoy atraviesa una situación difícil. La crisis de deuda del período 2018-2019 y los esfuerzos que demandó la pandemia limitan los márgenes de acción fiscal para atender debidamente las necesidades sociales.
En ese contexto, hace un año, Argentina ya fue pionera cuando adoptó el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, una contribución realizada por las personas con mayores patrimonios del país que permitió en 2021 financiar políticas específicas en tiempos de crisis del Covid.
Un año después, y en el contexto de una trágica guerra que golpea de lleno los precios de cereales y fertilizantes, resulta fundamental para un importante productor de alimentos como Argentina que los efectos del alza internacional de precios no se transformen en un catalizador de desigualdad y exclusión.
Eso explica el envío al Congreso del proyecto de Ley sobre la Renta Inesperada, que busca amortiguar los efectos del shock distributivo con una alícuota diferencial sobre el impuesto a las ganancias que capte parte de las ganancias extraordinarias de un grupo de grandes empresas beneficiadas por este shock internacional.
Como dijo el presidente Fernández ante sus pares de la reciente IX Cumbre de las Américas: “La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teoría del derrame de riqueza que haya funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia”.
En los últimos años, América Latina ha dado muestras contundentes de las graves consecuencias políticas y sociales que puede ocasionar la desatención de los problemas de desigualdad y pobreza.
Construir respuestas frente al inequitativo impacto de la pandemia y de la guerra es un imperativo social para gobiernos llamados a resolver los problemas de desigualdad de la región. Y necesario para consolidar la estabilidad social y política en países productores de alimentos y energía.
Publicado el 20/06/2022 por Jorge Argüello en Clarin