La situación económica argentina mantiene una elevada exposición en la prensa internacional, al tiempo que la dramática evolución de los principales indicadores económicos tendió a intensificar las críticas sobre el desempeño del gobierno y el Fondo Monetario Internacional.
Tras una nueva devaluación del peso y la disparada del riesgo país, se modificó nuevamente el esquema de política monetaria y cambiaria, dando muestra de las dificultades que enfrenta el tándem compuesto por el FMI y la actual administración para controlar la situación y adelantarse a los acontecimientos.
El segundo acuerdo con el Fondo Monetario trajo consigo un sistema de bandas cambiarias que se actualizaba diariamente. La definición de un techo elevado y móvil para el tipo de cambio, sumado a los escasos recursos que podría comprometer el BCRA en caso de alcanzarse el nivel crítico, despertó la incertidumbre respecto de la evolución del tipo de cambio en un año en el que la contienda electoral tenderá a acrecentar la demanda de divisas.
El esquema propuesto cargó la responsabilidad de estabilización cambiaria e inflacionaria sobre la política de contracción monetaria y las elevadas tasas de interés. Luego de unos pocos meses de optimismo auspiciado por el ingreso de capitales de corto plazo, el esquema se mostró inefectivo tras la reversión del ciclo en la segunda mitad de febrero.
Las dificultades para controlar el precio del dólar afectan no sólo las posibilidades electorales del gobierno, sino también el cumplimiento de algunas de las metas acordadas con el FMI [1]. Además, la elevada incidencia de la deuda denominada en moneda extranjera, hace que los principales indicadores de sostenibilidad de la deuda se vean negativamente afectados por la suba del dólar.
Durante el mes de marzo, la suba en el tipo de cambio condujo a las autoridades locales a negociar con el FMI la posibilidad de aumentar sus capacidades de intervención en el mercado. El Ministerio de Hacienda propuso utilizar de una parte de los recursos del paquete de ayuda originalmente comprometidos para el pago de deuda.
A principios de abril se concretó la autorización para la venta a partir de un programa de subastas diarias similar al instrumentado en 2018. Pocos días después, se decidió también congelar la banda de flotación, estableciendo un techo de $51,45 para la cotización del dólar.
El intento de reducir la incertidumbre cambiaría tuvo resultados opuestos a los buscados. La prima de riesgo país se disparó, en tanto los tenedores de deuda percibían que el préstamo del FMI se utilizaría para estabilizar el mercado del dólar y no para garantizar el repago de los títulos.
La incertidumbre financiera se contagió al mercado cambiario y se registró una nueva devaluación del peso. El BCRA se veía imposibilitado de intervenir hasta que el tipo de cambio sobrepasara el techo pautado y sus potestades de intervención se encontraban aun fuertemente limitadas. Nuevamente, la suba de las tasas de interés no pudo contener la salida de capitales, y la cotización del dólar alcanzó un nuevo record histórico.
El fracaso en el intento de estabilización condujo a una nueva modificación del esquema económico validado por el FMI. A fines de abril se comunicó el abandono del régimen de bandas cambiarias y se autorizó al BCRA para intervenir a discreción en el mercado del dólar.
En paralelo, el gobierno nacional comenzó a adquirir a través de la ANSES títulos de deuda pública. La recompra de papeles de la deuda permitió recuperar cierta calma respecto del uso que se dará a los fondos adelantados por el FMI y estableció un techo momentáneo a la suba del riesgo país.
El nuevo esquema contuvo en el corto plazo la devaluación del peso y la estampida de riesgo país, aunque presenta elevados riesgos a futuro. El temor respecto de un posible despilfarro de los recursos que el FMI adelantó al gobierno y cuyo objetivo original es garantizar el cumplimiento del pago de la deuda hasta 2020, podría transformarse en una fuerte carga no sólo para el próximo gobierno sino también para el propio Fondo Monetario Internacional.
El paquete de ayuda a la Argentina es el más importante de la historia del organismo y la posibilidad de utilizar el préstamo para financiar la salida de capitales se encuentra explícitamente vedada por el estatuto de la institución. El co-gobierno entre el FMI y las autoridades locales deberá enfrentar crecientes dificultades con la proximidad de los comicios electorales y aún se desconoce el criterio y método con el que el BCRA intervendrá en el mercado cambiario.
En tiempos en que se debate el rol del sistema de instituciones multilaterales, el accionar del organismo y sus resultados en el país son minuciosamente analizados. El fracaso de la intervención del FMI en Argentina podría significar, no sólo un fuerte golpe para el país, sino también un duro revés para el organismo.
[1] La devaluación incrementa la carga de los subsidios a los servicios públicos en el presupuesto, comprometiendo el cumplimiento del objetivo de déficit primario cero. Alternativamente, una nueva actualización de los cuadros tarifarios afectaría la evolución del índice general de precios y el objetivo acordado de inflación.