"La deuda también gobierna", por Jorge Argüello
La deuda pública revela una de las grandes asimetrías del sistema económico internacional: todos los países recurren a los mercados financieros, pero lo hacen desde posiciones profundamente desiguales.
Los ministros de Economía, presidentes de bancos centrales y representantes de los organismos financieros internacionales están reunidos esta semana en Bangkok, donde el FMI y el Banco Mundial celebran sus reuniones anuales para examinar la situación de la economía mundial, los riesgos para la estabilidad financiera y los desafíos del desarrollo.
Las guerras, las disputas comerciales y las tensiones energéticas forman parte de una agenda marcada también por el crecimiento de las deudas públicas nacionales.
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional publicadas en abril, la deuda pública mundial alcanzó casi el 94% del producto bruto global en 2025 y podría llegar al 100% en 2029, un nivel registrado anteriormente sólo después de la Segunda Guerra Mundial.
Estas cifras tienen consecuencias que exceden los balances fiscales. A medida que aumentan los recursos destinados a atender obligaciones anteriores, se reduce la capacidad de los gobiernos para financiar sus prioridades. El endeudamiento comienza entonces a condicionar sus decisiones.
El crédito es una herramienta fundamental para el desarrollo. Permite construir infraestructura, financiar inversiones y afrontar emergencias. El problema aparece cuando los compromisos acumulados absorben una proporción de los ingresos públicos que dificulta sostener esas mismas actividades.
Durante años, las bajas tasas de interés facilitaron el endeudamiento de gobiernos, empresas y familias. La pandemia aceleró ese proceso. Posteriormente, el aumento de las tasas encareció el refinanciamiento de numerosas obligaciones, mientras los presupuestos debieron responder a nuevas exigencias: mayores gastos de defensa, transición energética, envejecimiento demográfico y una competencia tecnológica que demanda inversiones crecientes.
La magnitud de la deuda, sin embargo, ofrece una explicación incompleta del problema. Importa también quién se endeuda, en qué moneda y bajo qué condiciones.
Estados Unidos, Japón y varias economías europeas mantienen elevados niveles de endeudamiento, pero cuentan con ventajas financieras de las que carece buena parte del mundo en desarrollo.
Estados Unidos, en particular, emite la principal moneda de reserva internacional. La demanda mundial de dólares y de bonos del Tesoro le permite colocar deuda entre inversores de numerosos países y financiarse en condiciones generalmente más favorables. Esa posición constituye un privilegio considerable, aunque tampoco lo protege de los riesgos asociados a la acumulación de obligaciones.
Muchas economías emergentes, por el contrario, dependen en mayor medida del financiamiento externo, mantienen parte de sus compromisos en monedas extranjeras y deben ofrecer rendimientos más elevados para atraer capitales. Un aumento de las tasas internacionales, el fortalecimiento del dólar o una mayor incertidumbre financiera pueden encarecer su financiamiento y dificultar su acceso al crédito.
Las consecuencias son concretas. Algunos Estados disponen de instrumentos monetarios y financieros que les permiten administrar sus vencimientos con mayor flexibilidad. Otros deben recurrir a ajustes presupuestarios, postergar inversiones o renegociar obligaciones con sus acreedores.
El Banco Mundial estima que los países de ingresos bajos y medios pagaron en 2024 unos 415.000 millones de dólares en intereses de deuda externa, una cifra 2,4 veces superior a la registrada una década atrás. El dato comprende obligaciones públicas y privadas, pero ilustra la magnitud de los recursos que estas economías destinan al servicio de sus compromisos financieros.
El pago de intereses representa un costo fiscal para cualquier Estado endeudado. Su incidencia sobre las decisiones presupuestarias, sin embargo, varía considerablemente. Para los países con menor capacidad de financiamiento, puede significar la postergación de inversiones necesarias para ampliar la producción, mejorar la infraestructura o fortalecer los servicios públicos.
Se genera así una dificultad adicional: cuando las obligaciones financieras desplazan persistentemente la inversión productiva, también se debilita la capacidad futura de generar los ingresos necesarios para cumplirlas. Esta realidad plantea nuevos desafíos a las instituciones financieras internacionales.
El FMI y el Banco Mundial surgieron de los acuerdos de Bretton Woods, en 1944, cuando las potencias aliadas comenzaron a diseñar las instituciones económicas del mundo de posguerra. Desde entonces, la estructura del financiamiento internacional experimentó profundas transformaciones.
Durante décadas, los organismos multilaterales, los gobiernos agrupados en el Club de París y los grandes bancos internacionales ocuparon un lugar central como acreedores de los países en desarrollo. Ese escenario cambió con la expansión del crédito chino, especialmente a través de sus bancos estatales, y con el creciente protagonismo de los fondos de inversión y otros acreedores privados.
China adquirió particular importancia como acreedor bilateral de numerosos países en desarrollo, aunque permanece fuera del Club de París. Actualmente, una reestructuración soberana puede requerir acuerdos simultáneos con organismos multilaterales, gobiernos acreedores tradicionales, instituciones financieras chinas y tenedores privados de bonos. Sus intereses, procedimientos y condiciones de negociación difieren, lo que dificulta alcanzar soluciones oportunas.
El debate de Bangkok debería prestar especial atención a esta situación. La sostenibilidad de las deudas soberanas exige mecanismos de coordinación que permitan resolver las crisis financieras y restablecer las condiciones necesarias para la inversión y la actividad económica.
La cuestión adquiere una importancia adicional en un mundo que atraviesa una profunda transformación productiva. Las nuevas tecnologías, la transición energética y la reorganización de las cadenas internacionales de producción demandan inversiones de enorme magnitud. La competencia entre las grandes potencias influye, además, sobre los destinos del capital y las oportunidades comerciales.
Los países con mayor capacidad financiera podrán adaptarse más rápidamente a estos cambios. Aquellos que deban dedicar una parte sustancial de sus recursos al servicio de la deuda enfrentarán mayores restricciones para modernizar sus economías y participar de las nuevas actividades productivas.
El endeudamiento tiene, además, una dimensión política. Un Estado con necesidades urgentes de financiamiento dispone de menos alternativas para negociar. La obtención de nuevos recursos o la refinanciación de vencimientos puede influir sobre decisiones que exceden la política económica, afectar sus relaciones internacionales y reducir sus márgenes de autonomía.
La administración responsable de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal siguen siendo condiciones indispensables. Pero las posibilidades de cumplir esos objetivos están influidas también por las características de un sistema financiero internacional que ofrece condiciones muy diferentes según el país de que se trate.
La Argentina conoce bien estas restricciones. Su historia económica está marcada por crisis recurrentes de endeudamiento, negociaciones con acreedores y dificultades para acceder al crédito internacional en condiciones sostenibles.
Para superar ese ciclo de crisis recurrentes, el ordenamiento de las cuentas públicas constituye una condición indispensable, aunque por sí sola insuficiente. La recuperación de una capacidad de crecimiento sostenido exige también inversión productiva, generación de divisas y una inserción internacional amplia y diversa que multiplique las oportunidades del país. Para la Argentina, como para buena parte de los mercados emergentes, el desafío consiste en evitar que la administración de las obligaciones del pasado termine subordinando las posibilidades del futuro.
La reunión de Bangkok ofrece una oportunidad para examinar el endeudamiento público como un problema que afecta simultáneamente la estabilidad financiera, el desarrollo económico y la autonomía de los Estados. La deuda no sólo compromete recursos futuros. También puede comprometer la libertad de decidir qué futuro construir.
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