Pregunta: La Argentina prorrogó hasta el 22 de mayo el plazo que se había fijado para llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos internacionales para reestructurar más de 65 mil millones de dólares en deuda externa, luego que los principales grupos de acreedores rechazaron la oferta del gobierno la semana pasada. El 22 de mayo también es el final de un período de gracia por aproximadamente 503 millones de dólares en el pago retrasado de intereses. Si no se llega a un acuerdo o no se realiza el pago, se produciría el noveno incumplimiento del país. ¿Qué debe ocurrir para que la Argentina evite caer en default en el mes en curso? ¿Cuáles son los principales escollos que impiden que el gobierno y los acreedores de Argentina lleguen a un acuerdo de reestructuración? ¿Acaso es probable que las dos partes los resuelvan antes de finalizar el nuevo plazo establecido? ¿Qué significaría un default para el país y el gobierno del presidente Alberto Fernández?
Respuesta: Jorge Argüello, Embajador de Argentina en los Estados Unidos:
“Los problemas económicos de la Argentina existían antes del gobierno actual y se han exacerbado por la actual pandemia de COVID-19. El presidente Alberto Fernández se comprometió a hacer sostenible la deuda pública de Argentina y volver a colocar al país en un sendero de crecimiento. En abril el gobierno presentó a los acreedores extranjeros una oferta que reestructuraría la deuda argentina de manera responsable. Esta propuesta fue elogiada por un amplio espectro bipartidista de los gobernadores de las provincias, legisladores y más de 1.400 intendentes, empresarios y líderes sindicales en la Argentina. Este asunto también atrajo la atención mundial, y el FMI reconoció que la deuda argentina no es sostenible, a la vez que más de 150 prestigiosos economistas internacionales, incluidos cuatro premios Nobel, pidieron un alivio de la deuda como única forma de combatir la pandemia de Covid-19 y poner a la economía en una trayectoria sostenible. Muchos acreedores han respaldado la oferta de Argentina, mientras que otros no la respaldaron -muchos señalaron que existen mejores alternativas-. Seguimos abiertos a discutir cualquier propuesta que cumpla con los objetivos de sostenibilidad necesarios, incluso a través de tasas de interés, reducción de capital, períodos de gracia y prórroga de vencimientos distintos a los que propusimos. Por lo tanto, el gobierno está más que dispuesto a recibir las contraofertas de los acreedores, para evaluarlas diligentemente de buena fe y de esta manera avanzar en la negociación. Si no se alcanza una resolución ordenada, tanto la Argentina como sus acreedores enfrentan la posibilidad de un default nocivo. El gobierno estima que un acuerdo está al alcance de las partes y le asigna la máxima importancia para que el país logre superar este período de turbulencia y vuelva a crecer”.
Respuesta de Kezia McKeague, Directora en McLarty Associates:
“En este juego continuo, en el cual ninguna de las partes quiere ceder, una de ellas tendrá que echarse para atrás para evitar el default. Lo ideal sería que ambas partes traten de encontrar posiciones afines. El gobierno argentino necesitaría mejorar su oferta inicial y revelar algunos detalles de su plan económico, mientras que los principales grupos de acreedores tendrían que hacer una contraoferta que tome en cuenta los problemas de solvencia que enfrenta Argentina. Otra posibilidad, como han propuesto algunos economistas, consiste en una solución temporal: un acuerdo transitorio (“standstill”) para posponer el servicio de la deuda y renegociar en el marco de una economía más estable, posterior al COVID-19. Por ahora, los principales temas conflictivos son la moratoria propuesta de tres años en los pagos y un recorte en el pago de cupones promedio del 7 por ciento al 2,3 por ciento, lo que muchos inversores han criticado como una reducción poco razonable por parte de un país que ya se ha declarado en default anteriormente. No parece haber un acuerdo a la vista. Aunque el presidente Fernández ha dicho públicamente que desea evitar el incumplimiento, la evaluación del FMI según la cual la deuda argentina es "insostenible" envalentonó al gobierno en el proceso de reestructuración; más recientemente, la pandemia le dio otra razón para actuar más agresivamente, con la esperanza de que los acreedores serían menos propensos a insistir en condiciones de pago difíciles en el marco de dificultades financieras globales. Para el gobierno de Fernández, un default representaría un salto a lo desconocido, que tendría costos tanto económicos como de su reputación. La inversión extranjera directa y el crédito a las empresas privadas nacionales disminuyeron como consecuencia de incumplimientos soberanos anteriores, lo que afectó los ingresos fiscales y aumentó la dependencia de las emisiones del banco central para financiar el gasto público. El impacto que tendrá la respuesta a la pandemia en una situación de recesión preexistente hará que estos costos sean aún más dolorosos de soportar, y las consecuencias políticas a mediano plazo para la coalición gobernante serán aún más inciertas. Sin embargo, en el corto plazo, el gobierno de Fernández ha obtenido un amplio apoyo interno para la estrategia de reestructuración de la deuda y cuenta con un alto índice de aprobación en lo que atañe a su gestión de la crisis de COVID-19”.
Respuesta de Arturo Porzecanski, Director del Programa de Relaciones Económicas Internacionales de American University:
“Es demasiado tarde para que la Argentina evite el default, por lo menos respecto del bono que dejó de pagarse, salvo que las autoridades remitan los 503 millones de dólares que adeudan antes de que finalice el período de gracia. Tal como están las cosas, el gobierno de Alberto Fernández ha estado incumpliendo las obligaciones de deuda en el marco de la ley local (tanto en pesos como en dólares estadounidenses) desde que asumió el cargo en diciembre, casi tres meses antes de que llegara a la Argentina la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, a menos que se pague el monto vencido, el incumplimiento existente simplemente se generalizará para abarcar la primera de todas las obligaciones de deuda emitida bajo leyes y moneda extranjeras. Los principales puntos conflictivos consisten en que Fernández está repitiendo los errores cometidos en 2004, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. En primer lugar, no ha aplicado iniciativas para mejorar el clima de negocios, recuperar la confianza de los inversores o reducir el derrochador gasto público. En segundo lugar, no ha obtenido el apoyo ni del FMI, entidad a la cual Argentina debe casi 50 mil millones de dólares que deben reembolsarse entre el presente y 2024, ni de otros acreedores gubernamentales bilaterales o multilaterales. En tercer lugar, diseñó un plan de reestructuración de la deuda por su cuenta y lo presentó a los inversores sobre la base de “o lo toman o lo dejan”. Cuarto, en vez de enfocarse en lograr el máximo alivio de la deuda este año y el próximo, para dar cuenta del costo de la pandemia, el plan castiga innecesariamente a los inversores a lo largo de varias décadas. Para empeorar las cosas, en 2004 y años posteriores, los precios mundiales de las materias primas se dispararon, lo que generó recursos fiscales que no proporcionarían los inversores, y ahora Argentina está experimentando una caída en el precio de las materias primas”.
Respuesta de Horacio Verbitsky, Presidente del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Buenos Aires:
"Argentina ha estado en default desde 2019, cuando Macri anunció el ‘reperfilamiento’ de los bonos por 10 mil millones de dólares. Macri contrajo el mayor endeudamiento en los dos siglos transcurridos desde la independencia. Obtuvo el préstamo más grande del FMI desde su creación, y no cumplió con los compromisos que él mismo había firmado. Kirchner canceló las deudas contraídas durante la dictadura militar de 1976. Cristina Fernández de Kirchner pagó las deudas que la dictadura asumió cuando derrotó a Perón en 1955. Macri tardó apenas 15 meses en incumplir su palabra. Dejó la presidencia con la inflación más alta en tres décadas y los niveles de pobreza más altos registrados. Por eso fue el único presidente latinoamericano que no fue reelecto. Fernández está tratando de remediar esta catástrofe, presentando una propuesta sostenible que según el FMI, debería incluir un recorte de entre 55 mil millones y 85 mil millones de dólares. Debido a la pandemia, hay docenas de países y cientos de empresas que están haciendo cola para declararse en default. Cuando las tasas de interés en los Estados Unidos y en Europa están en cero, y el precio del barril de petróleo es negativo, una oferta que incluye pagos de intereses del 2,3 por ciento, una exención hasta 2023 y sólo el 5 por ciento del retiro de capital no es una oferta hostil. No se trata de que salgan perdiendo los tenedores de bonos; sino de que ganen menos. El gobierno está tratando de dejar atrás el default que dejó Macri, pero no firmará un acuerdo insostenible económico, social y político. Ya que es autosuficiente en alimentos y energía, y que cuenta con una capacidad tecnológica y científica sobresaliente, Argentina tendrá vida después del default”.
Publicado en LATIN AMERICA ADVISOR del Inter American Dialogue (The Dialogue), versión original en inglés disponible aquí.