"La carrera tecnológica ya se libra con las mismas armas", por Judith Arnal
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Asistimos a una aproximación de instrumentos entre EEUU, China y la UE: cada uno está adoptando aquellos que definían a los otros.
Durante décadas, el debate sobre los principales modelos económicos y tecnológicos ha descansado sobre una taxonomía cómoda: EEUU representaba el libre mercado, China el dirigismo estatal y la UE la regulación.
Cada bloque tenía sus instrumentos característicos y su relato. El estadounidense confiaba en el capital privado y en la disciplina competitiva; el chino, en los subsidios, los incentivos fiscales y la participación pública en el capital de las empresas; el europeo, en la capacidad de fijar reglas que después el resto del mundo terminaba adoptando. Esa taxonomía, sin embargo, describe cada vez peor la realidad.
En los últimos tiempos, asistimos a una aproximación progresiva de instrumentos entre los tres bloques, hasta el punto de que cada uno está adoptando precisamente aquellos que definían a los otros.
Conviene empezar por el origen. Que los gigantes tecnológicos surgieran en Estados Unidos y China, y no en la UE, no fue casual. Ambos países reunían mercados domésticos integrados de enorme tamaño, capaces de proporcionar escala, usuarios y datos, junto con un entorno inicialmente permisivo para la concentración empresarial, aunque por vías distintas.
En Estados Unidos, la doctrina del bienestar del consumidor limitó durante décadas la aplicación efectiva de la normativa de competencia, favoreciendo adquisiciones y concentraciones empresariales.
En China, la Gran Muralla Digital y otras barreras de acceso excluyeron o limitaron a plataformas como Google, Facebook o Amazon, reservando a los campeones nacionales un inmenso mercado en el que crecer sin apenas competencia exterior.
En Estados Unidos, el cambio más profundo es la entrada directa del Estado en el capital de las empresas. Desde 2025, el gobierno federal ha tomado o anunciado participaciones en una treintena de compañías: cerca del 10% de Intel, de la que es hoy el primer accionista; un 15% potencial del productor de tierras raras MP Materials, con compra garantizada de su producción durante una década; una acción de oro en US Steel con derecho de veto sobre sus decisiones estratégicas; participaciones en nueve empresas de computación cuántica; o posiciones en startups como xLight, que aspira a competir con la neerlandesa ASML en litografía.
Las subvenciones tampoco han desaparecido con el cambio de administración, sino que han mutado: algunas ayudas del Chips Act de la era Biden se están convirtiendo en participaciones accionariales, y bajo la One Big Beautiful Bill, el crédito fiscal a la fabricación de semiconductores se ha elevado del 25% al 35%.
A ello se añade un creciente régimen de autorizaciones: controles a la exportación, escrutinio de las inversiones extranjeras y salientes, la separación forzosa de TikTok o la exigencia de que Nvidia y AMD cedan al Gobierno el 15% de sus ingresos por determinadas ventas en China a cambio de licencias. No son reglas generales, sino permisos individuales, negociados y revocables, la lógica con la que Pekín ha gobernado siempre a sus campeones.
La convergencia estadounidense también mira a Bruselas: el país que dejó crecer a sus gigantes al amparo de la doctrina del bienestar del consumidor mantiene hoy abiertos procesos contra Google, Meta, Amazon y Apple. El único terreno en el que Washington no se ha movido es el de la regulación general: sigue sin haber ley federal de inteligencia artificial ni de protección de datos, y la desregulación es hoy política deliberada de competitividad.
El movimiento chino discurre en dirección contraria. Tras años de campaña contra sus propias tecnológicas, Pekín ha rehabilitado al sector privado: en febrero de 2025, Xi Jinping reunió a los grandes empresarios del sector, con Jack Ma, fundador de Alibaba, de vuelta en primera fila. Poco después se aprobó la primera ley específicamente dedicada a promover y proteger la economía privada.
Los resultados son visibles. Una nueva generación de tecnológicas chinas está financiándose en los mercados de capitales a un ritmo elevado: Hong Kong registró en el primer semestre de 2026 más de 26.000 millones de dólares en salidas a bolsa, casi el doble que un año antes, con el sector tecnológico como principal protagonista.
Los protagonistas de la nueva frontera tampoco son empresas estatales: DeepSeek o Moonshot, la creadora de los modelos Kimi, son startups de control privado, nacidas hace apenas unos años, que compiten entre sí y con los gigantes por talento, usuarios y capital. Ahora bien, sería un error leer todo esto como una conversión al libre mercado.
El Estado chino no se retira: conserva acciones de oro con derechos especiales en filiales de Alibaba, Tencent y ByteDance, y el precedente de Ant Group, cuya salida a bolsa Pekín paralizó en 2020 días después de que Ma criticara a los reguladores financieros, recordó que cotizar es, en China, un permiso político revocable.
¿Y la Unión Europea? También se mueve en dos direcciones: hacia un Estado más intervencionista y hacia un regulador menos oneroso y menos estático. Por un lado, la UE ya no se limita a regular la tecnología: quiere producirla y protegerla.
El paquete europeo de soberanía tecnológica y la iniciativa InvestAI buscan crear capacidad propia en semiconductores, nube, inteligencia artificial y cómputo. El giro es también proteccionista: a los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos se suma un entramado de reglas que condiciona la contratación y la financiación públicas al origen, el control o la producción en Europa.
Pero su perímetro sigue abierto: un Made in Europe que favorezca la producción europea o un Made with Europe que preserve la cooperación con socios no europeos. Los Estados contribuyen a este giro con entradas recientes en el capital de empresas: España ha tomado el 10% de Telefónica; Francia, el 80% de Alcatel Submarine Networks y casi el 30% de Eutelsat; e Italia ha convertido a Poste Italiane, controlada por el Estado, en primer accionista de TIM, con un 27%.
Por otro lado, la UE revisa su ortodoxia regulatoria. El informe Draghi, la brújula de competitividad y los paquetes ómnibus han situado la reducción de cargas en el centro.
El borrador de las nuevas Directrices de Concentraciones apunta además hacia un análisis menos estático, que concede más peso a la innovación, la inversión y la escala.
A pesar de esta convergencia en la caja de herramientas, los sistemas políticos y los límites al poder público siguen siendo profundamente distintos. La carrera tecnológica no se libra ya entre Estado y mercado, sino en la capacidad de combinarlos.
La UE dispone de todas las armas, pero las reparte entre distintos niveles de gobierno: la regulación está en Bruselas y buena parte de los recursos fiscales y del capital público, en los Estados. Sin mayor integración y escala, seguirá combatiendo con menor potencia de fuego que China y Estados Unidos.
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