El 13 de septiembre se cumplieron tres años de la firma del denominado “Acuerdo Foradori-Duncan” por el cual, entre otras cuestiones, se acordó adoptar “las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos” que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas.
Es llamativo el hecho de que dicho acuerdo no se refirió de manera expresa a la disputa de soberanía sobre las islas, haciéndose, únicamente, una mención al denominado “paraguas” de 1989.
La Argentina, en estos tres años, ha sido en extremo generosa con el Reino Unido en cuestiones de interés exclusivamente británico sin que esto haya representado algún beneficio para nuestro país. Veamos algunos ejemplos, entre otros: la reanudación de mecanismos de cooperación en materia de recursos pesqueros, la negociación -y el otorgamiento- de una nueva escala en territorio continental excluyendo la participación de cualquier aerolínea argentina, la disminución de la intensidad del reclamo argentino en foros internacionales respecto a la disputa de soberanía y el análisis de la posibilidad del levantamiento de las medidas que el ordenamiento jurídico nos ofrece a efectos de proteger nuestros recursos naturales. Son concesiones argentinas a pedidos británicos (y en muchos casos respondiendo a antiguos anhelos de la población de las islas).
El único resultado hasta ahora alcanzado por el Acuerdo de 2016 ha sido el de atender las pretensiones y necesidades británicas eludiéndose la participación del Congreso. Si realmente se entiende a Malvinas como política de Estado su implementación exige un debate robusto y consensos sobre estrategias y objetivos a corto y mediano plazo entre todas las fuerzas políticas. Es el Congreso de la Nación el lugar por excelencia para hacerlo.
Algún lector podría señalar el reconocimiento de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin como una concesión británica. Lejos está de serlo. Se trata de una cuestión humanitaria que nunca debió haberse demorado tanto tiempo en concretarse. Esto no implica desconocer los esfuerzos realizados por los gobiernos argentino y británico, como tampoco el accionar del Comité Internacional de la Cruz Roja.
En estos últimos años la estrategia seguida por el actual gobierno solo ha significado satisfacer las pretensiones de la contraparte británica, sin ningún beneficio sustancial para nuestro país. No ha habido una modificación en la negativa del Reino Unido a cumplir con sus obligaciones internacionales y negociar la solución de la disputa de soberanía.
El inmovilismo y la ingenuidad de agradar a los británicos con la fantasía de que en algún momento decidan sentarse a negociar la solución de fondo de la disputa no tienen fundamentos lógicos ni históricos. No lo hicieron a fines del siglo XIX, cuando la Argentina era una de las primeras economías del mundo y una actora de peso mundial. Y en tiempos en que los lazos de cercanía con el Reino Unido eran intensos.
El principal obstáculo para el desarrollo natural y sustentable de las Islas Malvinas es la persistencia de la controversia de soberanía. Esto debe quedar en claro. Solucionándola habría mayor conectividad entre las islas y el resto del mundo, los servicios serían de mejor calidad y los recursos naturales, renovables y no renovables, podrían explotarse sin mayores complicaciones.
Imaginar que la contraparte modifique su intransigencia cuando al mismo tiempo se les resuelven sus problemas constituye un sinsentido.
Mejorar las relaciones comerciales, culturales y de cualquier otra índole con el Reino Unido y los habitantes de las islas es un punto importante. No obstante, debe ser confrontado con el objetivo central e irrenunciable de recuperar el ejercicio de la soberanía de las islas Malvinas.
Existen antecedentes de Estados que enfrentan situaciones similares a las de la Argentina. Actúan de manera coherente y firme, apelando a la justeza de su posición jurídica y explorando y utilizando herramientas creativas para defender sus intereses. Deben ser un espejo para la Argentina.
Se debe retomar la capacidad de iniciativa, romper el estancamiento y el statu quo actual, dejar de fluctuar de un extremo al otro en la forma de encarar la disputa de soberanía -lo cual resulta funcional a quienes militan por el mantenimiento de la controversia- y ser responsable para con las generaciones futuras, evitando dejarles un futuro incierto.
Nuestro país tiene sólidos argumentos históricos y jurídicos. Esa es nuestra principal fortaleza. Debemos analizar todos los medios que el derecho internacional ofrece, sin pasión ni prejuicios, y apelar a aquellos que nos permitan cumplir con el objetivo central e irrenunciable de recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía de las islas Malvinas.
Publicado por Facundo Rodriguez, el 26/09/2019 en CLARIN