La Unión Europea ha encomendado al Gobierno griego hacer impenetrable la frontera de su sagrado territorio. Poco parece importar que se suspenda un derecho humano fundamental como es el asilo.
Todos hemos visto las imágenes de familias con niños, gaseados por el Ejército griego en la frontera. Las de balsas pinchadas por sus guardacostas con resultado de, al menos, la muerte de un niño. Las de demandantes de refugio apaleados por los otrora acogedores habitantes de Lesbos, los mismos que ahora insultan a las mujeres que llegan a sus costas tratándolas de prostitutas o ratas… Del otro lado, el cada vez más autoritario Erdogan ejerce descaradamente su chantaje utilizando como moneda de cambio para sus pretensiones a miles de desplazados forzosos en una guerra en la que nadie tiene el menor rastro de legitimidad y en la que el derecho internacional humanitario se ha esfumado. Todo ello ante la aparente impotencia de los chantajeados, la supuesta potencia del soft power, agente internacional y mediadora por la paz, la democracia y los derechos humanos que dice defender: la UE.
Es muy grave la reacción de Grecia, un Estado miembro al que la UE ha encomendado la defensa de su frontera suroriental, más que la gestión de la movilidad humana forzosa que llega a través de Turquía. El Gobierno griego ha suspendido durante un mes la existencia de un derecho humano fundamental como el asilo, en incumplimiento abierto, sin vergüenza alguna, de deberes jurídicos vinculantes. El relator de la ONU para derechos de los inmigrantes ha denunciado contundentemente la ilegalidad de la medida del Gobierno griego. Pero la UE no ha respondido ni con media palabra de condena. No lo hace, digámoslo claro, porque la tarea encomendada a Grecia por la propia UE no tiene que ver con una política migratoria y de asilo europea, coherente con las orientaciones recogidas en los dos grandes acuerdos de la ONU de diciembre de 2018. Lo que importa aquí es hacer impenetrable la frontera: contener esa movilidad, mantenerla fuera del espacio de libertad, seguridad y justicia que dice ser la UE, sí. Pero solo para los de aquí, los seres humanos de primera, los ciudadanos europeos. O, al máximo, para los de segunda: los no europeos oficialmente necesarios para nuestro mercado.
En aras de ese objetivo, la UE y sobre todo los Estados de la frontera sur se han embarcado en esa política de contención, y han considerado imprescindible a esos efectos una tarea de externalización de frontera. La hemos negociado, por mor del pragmatismo que impone el imperativo de la geografía, con líderes autoritarios como Erdogan, regímenes predemocráticos como los de Marruecos o Mauritania o incluso directamente Estados fallidos como Libia. A cambio de ingentes sumas de dinero, claro está, que no se destinan a la mejora de la democracia, el desarrollo y los derechos de los ciudadanos de esos países, ni se condicionan al respeto de los derechos de las masas de seres humanos así retenidas. Quedan en los bolsillos de esas élites o esos líderes, mientras, en el mejor de los casos, nos tapamos la nariz y miramos hacia otro lado cuando se violan de la forma más grosera los derechos de los inaceptables.
Pero lo más grave, insisto, es la posición oficial de la UE. Nadie ha reprochado a Grecia esa grosera violación del derecho europeo e internacional. Ni una palabra sobre la suerte de miles de personas bloqueadas. No: los tres líderes de la UE, Von der Leyen, Michel y Sassoli, han viajado a Grecia para apoyar la defensa de la frontera (otra vez con el eufemismo de que se trata de una frontera europea). La señora Von der Leyen, además, ha calificado a Grecia —el país que ha suspendido un mes un derecho fundamental como el asilo— como “escudo de Europa”. Como si lo que estuviera en juego fuera la integridad territorial de Grecia o de la propia UE. Como si asistiéramos al enésimo episodio de conflicto entre Grecia y Turquía. Como si no supiéramos que esos muros, vallas, barcos de guerra y no solo de policía desempeñan solo una función simbólica, que no real, como supuesta garantía de una premoderna noción de soberanía, hoy inexistente, y que manipula a la opinión pública, como explicó muy bien Wendy Brown: “El deseo popular por los muros alberga el anhelo por los poderes de protección, contención e integración inherentes a la soberanía; un deseo que recuerda las dimensiones teológicas de la soberanía política”. Lean, por lo demás, el magnífico Nostalgia del soberano, de Manuel Arias Maldonado, en el que argumenta el porqué de “esa ansia de recuperar el control ante un presente —que ya no un futuro— amenazante e incierto…”, (de donde) la pulsión hacia “la restauración de la fuerza soberana del Estado nación”.
Con todo, el disparate jurídico es que los líderes de la UE actúan como si no existiera el artículo 78 del TFUE, que establece en su apartado 1 lo siguiente: “La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes”. Más aún, actúan como si no pudiera recurrirse, al menos, a la cláusula de solidaridad del apartado 3 del mismo artículo: “Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo”. Nada de eso se ha intentado. Solo exhibir cierre de filas en torno al socio griego.
Pues bien, es la hora de decir no: no, a esta UE empeñada en la supuesta defensa de su sagrado territorio, al precio de violar exigencias básicas del derecho. Si la UE tiene sentido es como comunidad de derecho. La UE de la que queremos formar parte es la que respeta el derecho, comenzando por su propio derecho: el TFUE, el convenio europeo de derechos humanos, con sus protocolos adicionales 4 (1963) y 7 (1984), que remiten a la vinculatoriedad del Convenio de Ginebra que establece la protección internacional (asilo y protección suplementaria), basadas en el principio elemental del non refoulement, esto es, la consideración básica de no arrojar a su suerte a quienes huyen de la persecución y de la muerte, a los que tratan de obtener protección huyendo de una espantosa guerra como la de Siria. Para formar parte de una comunidad en la que lo que manda es la ley del más fuerte, los intereses de quienes acumulan dinero y poder y pretenden escapar a todo control, no merece la pena seguir en este viaje. La pregunta es si podemos esperar un cambio quienes creemos y luchamos por otra UE.
Publicado por Javier de Lucas en EL PAÍS, 5 de marzo de 2020