PERÚ, PRESIDENTE NÚMERO…
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La gran inestabilidad política le dio a Perú al sexto presidente en apenas nueve años, en un contexto de creciente criminalidad, protestas sociales y denuncias de corrupción que por ahora sigue sin trasladarse a la macroeconomía del país.
El Congreso de Perú, dominado por una fragmentación de fuerzas conservadoras, destituyó a la impopular Diana Boluarte (63) y designó presidente a José Jerí (38), en un intento por asegurar una mínima estabilidad política hasta las elecciones de abril y contener el descontento social por una creciente criminalidad en el país.
Jerí, del derechista Somos Perú, llega también con denuncias de corrupción desde 2021y hasta de abuso sexual. Llevaba sólo dos meses al frente del Parlamento y su elección sintetiza las dificultades de la dividida mayoría conservadora para gobernar hasta los comicios de abril, al cabo de nueve años con seis presidentes.
Boluarte, quien había asumido en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido izquierdista Pedro Castillo, fue desplazada por “incapacidad moral permanente”, con 122 votos y ninguno en contra en el Congreso unicameral. Jerí prometió mantener “neutralidad” en el proceso electoral hasta abril (se elegirán 130 diputados y 60 senadores, además de presidente).
Días después de la asunción de Jerí, miles de jóvenes de la Generación Z y trabajadores sindicalizados salieron a las calles de Lima y de otras ciudades peruanas para rechazar la designación del inexperimentado presidente y demandar soluciones urgentes a problemas como la violencia y el crimen, fueron reprimidos.
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En contraste, la macroeconomía de este país de 33 millones de habitantes parece indemne a la fragilidad política y la vulnerabilidad social que lo atraviesan. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un crecimiento de 3% del PIB para este año, sostenido en gran medida por la minería (10% del PIB) y el comercio con China.
Por debajo, como no logran cubrir sus gastos mínimos, de los 14,1 millones de trabajadores ocupados según estadísticas oficiales, 3,8 millones tienen una segunda fuente de ingresos e informal. El 27,6% de los peruanos son pobres (2024), o 9,4 millones que ganan menos de 3 dólares al día según la línea de pobreza.
Pero la inestabilidad es tal que diputados de izquierda presentaron una temprana moción de censura contra Jerí por la represión policial de la marcha nacional del 15 de octubre, que dejó un músico de 32 años muerto. Jerí fue sostenido por la alianza derechista mayoritaria.
La situación de Perú puede leerse en un contexto regional, que tiene a sus vecinos Bolivia -en medio de un proceso electoral de ballotage, este 19 de octubre- y Ecuador, donde también crecen las protestas de movimientos indígenas contra el recién reelegido derechista Daniel Noboa.
Represión y amnistía
El Congreso de Perú, caja de resonancia y arena de soluciones de urgencia de la inestable política del país, está dominado ahora mismo por el fujimorismo, herencia del fallecido presidente derechista neoliberal Alberto Fujimori(1990-2000) seguida por su hija Keiko Fujimori, precandidata presidencial para 2026.
Desde 2000, cuando el propio Fujimori dejó el poder renunciando en un cuestionado tercer mandato, Perú fue gobernado por 11 presidentes antes de Jerí. Le siguieron Valentín Paniagua, el elegido Alejandro Toledo (2001-2006) y el centroizquierdista Alan García, dos veces presidente (1995-2000 y 2006-2011), denunciado por el Caso Odebrecht y quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido. Siguieron Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Alberto Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco R. Sagasti (2021), el elegido Pedro Castillo (actualmente preso), su vice designada Boluarte y ahora Jerí.
Boluarte, resistida al asumir el poder por sectores rurales empobrecidos fieles Castillo, reprimió violentamente sus primeras protestas con un resultado de 60 muertos y cientos de heridos, una marca que lastró su mandato hasta el final, cuando su impopularidad se agravó por denuncias de corrupción.
Primera mujer en gobernar Perú, Boluarte promulgó este año una polémica ley de amnistía para agentes del orden involucrados en crímenes durante la lucha antiterrorista de finales del siglo pasado, bajo Fujimori, a pesar de los pedidos en contrario desde las Naciones Unidas y del sistema interamericano.
Boluarte sobrevivió antes a ocho pedidos de destitución desde el inicio de su mandato el 7 de diciembre de 2022 pero fue sostenida por la coalición derechista Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; Alianza para el Progreso (APP), del gobernador César Acuña, y Renovación Popular, del alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga.
Jerí llegó al Congreso -para el que en 2021 sólo logró poco más de 11.000 votos- porque reemplazó al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien obtuvo más 208.000 votos, pero terminó inhabilitado para ejercer cargos públicos. Recién el 26 de julio pasado se convirtió en el nuevo presidente del Parlamento apoyado por esa alianza derechista de Fuerza Popular, APP y Perú Libre.
La fiscalía abrió una investigación a Jerí en enero por la presunta violación de una mujer pero archivó el caso. También es investigado porque su patrimonio aumentó cuando se convirtió en legislador (propiedades por más de 220.000 dólares).
El delito común
El telón de fondo de la crisis política y uno de los motores de las protestas populares, además de la situación socioeconómica, es la situación de inseguridad pública, con cifras de homicidios asesinatos y extorsiones que no dejan de crecer en la última década de inestabilidad.
Hubo 1.690 asesinatos sólo entre enero y septiembre de 2025 y, sobre todo, las mafias criminales han asesinado este año a 180 conductores de autobuses que se negaron a pagar extorsiones, uno de los delitos en alza y que alcanza al común de las personas.
En parte, la caída de Boluarte fue detonada por el ataque al popular conjunto de cumbia Agua Marina, en pleno concierto en el Círculo Militar en el distrito Chorrillos de la capital, que hirió a cuatro artistas y a un vendedor. Apenas asumió, Jerí declaró el estado de emergencia en Lima.
En 2024, los asesinatos ya habían llegado a la cifra anual de 2.082, la más alta desde 2017, cuando se registraron 676, según datos oficiales. Durante el corto gobierno de Boluarte, pasaron de 16.333, en 2022, a 22.348 en 2024.
La llamada Generación Z de jóvenes nacidos entre 1995 y 2010 ha protagonizado las recientes protestas populares. “Quienes protagonizan las protestas son sobre todo jóvenes que están ahora incorporándose al mercado laboral y descubriendo las limitaciones y dificultades que van a encontrar en él», sintetizó Omar Coronel, docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
También influyó la reforma de pensiones, que extendió la edad de jubilación anticipada y prohibió el retiro parcial del fondo acumulado individual, algo que favorece a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
