CHILE, EN BUSCA DE UN NUEVO MODELO

Tres años después del Estallido de 2019 que dio un vuelco al mapa político del país, los chilenos acuden a las urnas para aprobar o rechazar una reforma de la Constitución de 1980, aunque hasta el presidente Gabriel Boric ya se declara abierto a introducir más enmiendas o discutir una nueva si fracasa este intento.



Los chilenos decidirán este 4 de septiembre si aprueban o rechazan el proyecto de nueva Constitución redactado por la Convención que habían elegido para dejar atrás la carta heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), aunque el nuevo texto incorpora aspectos muy discutidos en los debates previos.


Una diferencia sustancial con anteriores comicios, incluso los que después de las protestas de 2019 llevaron a la presidencia a Gabriel Boric, en 2021, es que el voto será por primera vez obligatorio. En el final de la campaña, un quinto del total de 15 millones de votantes seguía indeciso frente al Apruebo y al Rechazo.


Este plebiscito es otra etapa del proceso abierto en 2019 con las manifestaciones sociales que inundaron las calles de todo el país en demanda de una mayor igualdad política, económica y social, cuando el país era gobernado por segunda vez por el derechista Sebastián Piñera (2010-14 y 2018-22).


Después de un Acuerdo por La Paz Social y la Nueva Constitución (2019) entre todos los partidos, siguió un plebiscito (2020) para abrir la reforma (78%-22%, voto optativo), y en 2021 la elección de 155 constituyentes y la elección de Boric.


El telón de fondo del Estallido de 2019 persiste: el país sigue siendo el de ricos con más nivel de patrimonio de América Latina. Sólo nueve de ellos acumulan el 16,1% del PIB chileno. El 1% más rico de los 19,1 millones de habitantes concentra el 49,6% de la riqueza total del país (en Brasil, 48,9%, en México, 46,9%). La pobreza aumentó por primera vez en 20 años (10,8% y 4,3% en extrema pobreza). A eso se suman violencia en zonas mapuches del Sur y crisis migratoria en el Norte.


El texto de 388 artículos propuesto por los 155 miembros de la Convención -con mayoría de independientes de izquierda aliados con la centroizquierda tradicional, que dejó en clara minoría a los partidos de derecha- fue entregado en julio.


La alianza derechista Chile Vamos, integrada por Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, que en el plebiscito inicial se había expedido en contra de una reforma, llama también ahora a votar por el Rechazo.


La derecha en la Convención avaló algunos cambios pero atribuye a la versión final un carácter demasiado radical. Además, se queja de que se desoyeron las propuestas que hizo como minoría y advierte que el proceso constituyente concluirá así con una grieta derecha-izquierda, al revés de lo buscado.


A su vez, el resultado del plebiscito puede impactar en la presidencia del izquierdista Boric, muy asociada a este proceso constituyente. Su gobierno de coalición ampliada -hacia la centroizquierda con partidos de la ex Concertación que gobernó con Michelle Bachelet (2006-10 y 2014-18) - ya está sintiendo el rigor de la crisis económica global y del mal humor social interno.


Boric dijo que el texto a plebiscitar “no es perfecto”, pero que hay “acuerdo” en la coalición oficialista para mejorarlo una vez sea aprobado. “Tenemos acuerdo entre todos quienes apoyan al gobierno de que es posible mejorar”.


Pero Boric se vio inesperadamente complicado días antes del plebiscito, y sufrió la primera baja de su gabinete por un episodio relacionado con un tema central del debate constitucional: el conflicto mapuche. Su ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, renunció tras revelarse que trató de comunicarse con un líder radicalizado mapuche, Héctor Llaitul, recién detenido.


Lo político



Justamente, el texto propuesto por la Convención tiene un primer cambio jurídico y conceptual profundo, de los más resistidos por la derecha chilena: proclamar a Chile como un “Estado plurinacional e Intercultural” de 11 pueblos y naciones, ya reconocidos con una cuota especial en el cuerpo constituyente.


Los chilenos votarán mientras la acción de grupos violentos empañan las reivindicaciones mapuches en el sur del país y Boric mantiene un estado de emergencia militarizado en la actual región de la Araucanía (que incluye el wallmapu, territorio reivindicado por los mapuches).


La Constitución propuesta le reconoce a esos pueblos derecho a la autonomía, al autogobierno, al reconocimiento y protección de sus tierras y recursos, y sus instituciones y sistemas de justicia, con Autonomías Regionales Indígenas.


“Votar Apruebo destaca el valor de la plurinacionalidad, que reconoce los derechos fundamentales que por tantos siglos el Estado chileno ha negado a nuestro pueblo”, sostuvo la Plataforma Política Mapuche, en representación de un millón de personas de ese pueblo, parte del 12,8% de la población chilena que es indígena.


La propuesta constitucional establece que los pueblos originarios deben ser consultados antes de adoptar medidas administrativas y legislativas que pudieran afectarlos, y que el Estado debe catastrar, regularizar y demarcar sus tierras y que la restitución de ellas “constituye un mecanismo preferente de reparación”.

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Por otra parte, el texto propone recortar el poder a la figura del Presidente en favor del Congreso, en el que a su vez ganaría espacio la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado, clave en la arquitectura institucional dejada por Pinochet (hasta con bancas vitalicias), sería reemplazado por una Cámara de las Regiones, uno de los caballos de batalla de Boric.


En términos de sistema político institucional, se establece la reelección consecutiva del Presidente por una única vez, aunque en el caso de Boric no sería aplicable, en tanto todavía ejerce su mandato con la Constitución de 1980.


En cuanto a los cambios demandados por las manifestaciones masivas de 2019, con fuerte presencia juvenil, el texto propuesto proclama un “Estado social y democrático de derechos”, ya no sólo “subsidiario” con los privados, sin totalmente responsable de garantizarlos.


"La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son fundamento del Estado (...) Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos", dice.


Lo social



A los chilenos también se les pide que aprueben o rechacen convertir la actual república democrática en una "democracia paritaria", un paso inédito en el mundo que determinaría que las mujeres ocuparan al menos el 50% de todos los órganos del Estado y promovería medidas para garantizar la igualdad y la paridad de género. La paridad ya se adoptó para conformar la propia Convención.


Esa paridad fue apoyada por la derecha. Hasta el constituyente y líder de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, exministro de Vivienda de Piñera, reconoció que “tiene que ir implementándose de la mejor manera en autoridades elegidas, institucionalidad. Es un necesario equilibrio. La presencia de la mujer es un aporte. Es profundo, difícil de implementar y complejo, pero importante”.


La Constitución propuesta incorpora además la noción de interrupción voluntaria del embarazo por inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre o violación, según una reglamentación de plazos y formas que deja en manos del Congreso. La Constitución de 1980 protege explícitamente "la vida del que está por nacer".


En esa misma línea figura un tema clave en la vida de Chile: el agua como recurso. El texto lo define como bien "inapropiable", reivindica el derecho humano al agua y crea una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible.


Publicado el 30/08/2022.