LAS DOS CARAS DE PERÚ
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La designación de Balcázar como octavo presidente en una década, a sólo dos meses de las presidenciales del 12 de abril, resume la crónica inestabilidad política de Perú, en un contexto de fragmentación y desmovilización, y en contraste con una economía primarizada, estable e inmune a las crisis.
El “parlamentarismo de facto” que domina Perú desde hace una década destituyó al presidente José Jerí y lo reemplazó por José María Balcázar hasta el 28 de julio, cuando asumirá quien gane las elecciones generales de abril/junio, todo ante la apatía colectiva y una economía primarizada pero imperturbable.
Balcázar (83), un controvertido ex juez y congresista filo izquierdista que apoyaba al también destituido (y encarcelado) Pedro Castillo, convalidó este panorama cuando hizo su primera visita oficial al presidente del Banco Central, Julio Velarde, en el cargo desde 2006 y factótum de la estabilidad macroeconómica del país.
Bastó media hora de reunión de Balcázar con Velarde para reafirmar que pocas cosas cambiarían al peruano de a pie, celebrada “en el marco del compromiso del gobierno de preservar la estabilidad y las reglas macroeconómicas” de un país cuyo PIB crece +3% apoyado en los buenos precios de los minerales que exporta y se erige como puerta comercial regional desde el estratégico puerto de Chancay.
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Los peruanos concurrirán el 12 de abril a la primera vuelta de los comicios generales, con casi segunda vuelta presidencial el 7 de junio dada la fragmentación política que se traduce en un récord de 36 candidatos a la jefatura del Estado, sin que ninguno supere el 20% de intención de voto según las encuestas.
En estas elecciones, Perú inaugurará un sistema legislativo bicameral, en lugar del unicameral actual. Así, los 27,3 millones de peruanos habilitados elegirán también dos vicepresidentes, 60 senadores (30 a nivel nacional y otros 30 con uno por cada uno de los 27 distritos -4 del metropolitano-) y 130 diputados de 27 distritos.
La reforma se aprobó tras el intento de Castillo de disolver el Congreso, que aprovechó para redibujar el esquema institucional: restableció la bicameralidad y la reelección de los parlamentarios, creó un Senado poderoso y se aseguró el control del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
“Las bases de la actual inestabilidad peruana son institucionales (el tránsito al parlamentarismo de facto), coyunturales (la competencia electoral agresiva dentro de la coalición autoritaria) y estructurales (una economía informal que produce un tejido social anti fiscalización con lógica transaccional)”, observó Omar Coronel.
Las raíces
Todos los análisis coinciden en trazar un parteaguas de la política peruana reciente en 2016, cuando el Congreso dominado por la derecha liderada por Keijo Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, comenzó a erigirse en el verdadero poder institucional fuerte del país sobre el Ejecutivo, al forzar ese año la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras 19 meses en el poder.
Su sucesor, Martín Vizcarra, sólo abrió una rutina de destituciones basadas en la antigua figura de “vacancia” que llegó hasta la de Jerí (2025-2026), todas por corrupción (el izquierdista Castillo es el único condenado y encarcelado). El Congreso, fragmentado y de alianzas volátiles, usó las facultades del régimen semipresidencialista instaurado en 1993, tras el autogolpe de A. Fujimori en 1992.
Los antecedentes de esta década inestable tampoco eran los mejores: A. Fujimori fue condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción, como Alejandro Toledo (2001-2006) a 13 años y Ollanta Humala (2011-2016) a 15 años. Alan García se suicidó en 2019 antes de ser detenido en el Caso Odebrecht.
En el caso de Jerí, una mayoría simple de legisladores de derecha e izquierda votó su censura tras conocerse encuentros indebidos y furtivos del presidente con empresarios de China, justo cuando la influencia del gigante asiático en el país, que construyó el puerto de Chancay, es cuestionada abiertamente por Estados Unidos.
La cantidad insólita de candidatos presidenciales es el reflejo electoral de una dispersión mayúscula de la política peruana que se traduce no sólo en múltiples bancadas de todo el espectro ideológico en el Congreso, sino en la dificultad para conseguir un Ejecutivo presidencial de uno o dos partidos fuertes que lo sostengan.
El Congreso tiene a la derechista Fuerza Popular (20 bancas) -de la candidata presidencial Keiko Fujimori- como primera minoría, pero apenas delante de la ultraconservadora Alianza para el Progreso (16) del empresario César Acuña, que fue clave para elegir a Balcázar.
Ese movimiento de la APP, que asoció al ultraderechista Renovación Popular (10) de Rafael López Aliaga, el candidato presidencial mejor ubicado en los sondeos, desarticuló al “fuji-cerronismo”, un pacto de Fujimori con Perú Libre (11) que había dominado la dinámica parlamentaria.
Esas cuatro fuerzas en acción apenas reúnen 57 de los 130 asientos del actual Congreso y las encuestas anticipan que semejante fragmentación persistirá en el nuevo Congreso bicameral, en el cual sin embargo el Senado adquirirá capacidad de neutralizar a los Diputados desde los 27 distritos y sus intereses. Unos 10 mil candidatos pugnarán por esas bancas.
Para los siguientes cuatro meses campaña electoral, Balcazar descartó un indulto de su encarcelado ex copartidario Castillo y desideologizó su gestión: “No estamos trabajando en hacer izquierdismo en Palacio de Gobierno, eso ya no existe, esos conceptos de izquierda quedaron en el siglo XVIII”, dijo.
Según un sondeo de Ipsos Perú en febrero, López Aliaga (RP), alcalde de Lima hasta octubre, encabeza la intención de voto pero con apenas 12%, delante de Fujimori (8%). Detrás vienen varios postulantes con no más de 4%, lo que deja abierta la puerta, nuevamente, a la emergencia de un “outsider”.
Frutos desiguales
“No podemos arriesgarnos a que estos vientos favorables que están impulsando la economía fuertemente puedan disiparse. Esa es la tarea del nuevo gobierno que no se interrumpa esta dinámica favorable”, dijo Velarde desde la presidencia del Banco Central que ocupa desde 2006, sobre el interinato de Balcázar.
Salvo períodos puntuales (pandemia), la economía de Perú lleva un cuarto de siglo en crecimiento. Sus reservas internacionales superan los 70 mil millones de dólares (30% PIB), la inflación anual en 2025 fue de 1,51%, el crecimiento del PIB de 3,4% tras el rebote post pandemia y un riesgo país relativamente en la región, bajo la custodia de un Banco Central autónomo que impone disciplina y ortodoxia liberal.
“A pesar de la volatilidad política, el crecimiento no ha sido tan malo y hoy gozamos de una estabilidad mucho mayor que en las décadas pasadas gracias a la independencia de nuestras instituciones”, argumentó Velarde en Davos, incluso antes de la destitución de Jerí.
Para matizar, más de la mitad de sus exportaciones provienen del sector minero (cobre y oro, ), sólo acompañado por la exportación de arándanos, paltas y frutas, y todo sostenido por inversiones extranjeras.
La Constitución de 1993 impide que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores del Congreso peruano, lo supone una protección de largo plazo para las compañías extranjeras que invierten en el país.
El llamado “milagro” macroeconómico convive con una pobreza que alcanza a un cuarto de la población y avanza sin poder romper la informalidad estructural de su mercado interno, que supera el 70%. Millones de peruanos viven al día, sin protección social ni ingresos estables.
Antes incluso de la pandemia, que acentuó con fuerza los niveles de desigualdad en todo el mundo, el 10% de los que más ganan consiguen 40 mil dólares anuales, pero el 10% con menores ingresos recibe 950 dólares en el mismo periodo.
“Es decir, si vemos a la población de mayores ingresos, tenemos un país que está a nivel de España. Pero, si nos enfocamos en aquellos que se ubican en rango más bajo, estamos como Afganistán, Zimbabue y Mali. Existe una gran disparidad”, describe Germán Alarco.
En 2022, Julieta Almada, experta en Historia Económica de la Universidad de Córdoba, resumía a la BBC: "El crecimiento del PIB por sí solo no muestra toda la realidad social y en la peruana en los últimos años vemos una creciente desigualdad en el acceso a servicios básicos como la salud o la educación".
Y, aunque parecen marchar por carriles diferentes, la crisis política comienza a lastrar la economía. Según proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2026 el crecimiento rondará el 2,7%, afectado por la incertidumbre asociada al proceso electoral de abril.
Un 18% del PBI peruano se desarrolla en la informalidad y si bien las actividades ilegales generan empleo, ingresos y consumo, lo hacen sin garantías ni protección y, en general, con un fuerte impacto negativo en la sociedad y el medioambiente.
En parte, eso ha llevado a una gran dispersión de organizaciones de la sociedad civil que, si bien fueron protagonistas -en especial los jóvenes de la Generación Z- con sus protestas en la caída de Dina Boluarte en septiembre y octubre de 2025, vieron cómo la represión llevó a medio centenar de muertos.
