En días recientes, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución histórica, declarando derecho humano universal el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, algo que no estaba incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto cambiará la naturaleza del derecho internacional, instando a los países, organizaciones internacionales y al sector privado a intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente saludable para todos y frenar la triple crisis a la que se enfrenta nuestro planeta: la emergencia climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
La resolución constituye un gran paso para proteger nuestro medio ambiente y abordar la emergencia climática, dado que el acceso a un medio ambiente saludable pasará de ser una petición a ser un derecho. Por esto, debemos mejorar la relación entre el desarrollo económico y la sostenibilidad socioambiental, empoderando a la población, especialmente a los grupos más vulnerables.
En línea con el Acuerdo de Escazú
La Asamblea General también reconoció en su resolución que el ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos a buscar, recibir y difundir información, a participar efectivamente en la conducción de los asuntos gubernamentales y públicos y a un recurso efectivo, es vital para la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
Por lo tanto, esta resolución está plenamente alineada con el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que tiene como objetivo contribuir a la protección del derecho de la población a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
¿Qué estamos haciendo en el BID para frenar la triple crisis ambiental?
El nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID reafirma nuestro compromiso como socio de la región para gestionar los riesgos ambientales y sociales en las operaciones que apoyamos y establece normas de referencia en varios ámbitos.
En línea con la resolución de la ONU y con el Acuerdo de Escazú, reconocemos el acceso a la justicia en asuntos ambientales, los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública como pilares clave en la toma de decisiones ambientales, tal y como se establece en la Norma sobre Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información (NDAS 10).
Veamos en detalle de qué otras formas nuestro MPAS aborda la triple crisis ambiental.
1. Cambio climático
Los países de América Latina y el Caribe están sumamente expuestos a los efectos del cambio climático, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Por ello, en el BID seguimos trabajando para minimizar los impactos y mitigar los riesgos relacionados al cambio climático en nuestros proyectos. Durante la más reciente cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP26), el BID anunció la intención de alinear todos sus préstamos y proyectos con el Acuerdo de París a partir del año 2023.
Para mitigar los riesgos del cambio climático, el MPAS incluye una lista de exclusión, que contiene determinadas actividades que el BID no financiará debido principalmente a que son incompatibles con nuestro compromiso de descarbonización. Además, las operaciones deben implementar alternativas costo-efectivas para evitar la emisión de gases de efecto invernadero.
En cuanto a la adaptación a los efectos del cambio climático que ya estamos evidenciando, el Banco exige a sus prestatarios que evalúen y gestionen las amenazas naturales y los riesgos asociados al este fenómeno. Concretamente, la Norma de Salud y Seguridad de la Comunidad (NDAS 4) incluye una sección específica sobre resiliencia a amenazas naturales y al cambio climático. Por su parte, la Metodología de Evaluación de Riesgos de Desastres y Cambio Climático para proyectos de Infraestructura del BID provee los lineamientos el Banco y sus prestatarios deben seguir para asegurar que las intervenciones sean seguras para la comunidad y el entorno ambiental circundante.
2. Pérdida de biodiversidad
En el BID estamos comprometidos con la protección de la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Por eso requerimos que nuestros proyectos incluyan medidas para su protección, conservación, y gestión sostenible, realzando los hábitats naturales, así como la biodiversidad y los ecosistemas de la región. El BID apoya la inclusión de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) con el objetivo de preservar la biodiversidad en proyectos de infraestructura, generando múltiples beneficios sociales.
De conformidad con la Norma de Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos (NDAS 6), en el Banco no permitimos implementar proyectos en hábitats críticos, a menos que no exista otra alternativa viable y el proyecto pueda ejecutarse sin impacto adverso alguno apreciable en los valores de biodiversidad o los procesos ecológicos que la sustentan.
3. Contaminación
La implementación del MPAS del BID en los proyectos que financiamos ofrece un claro beneficio al impulsar medidas destinadas a prevenir, reducir, reutilizar y valorizar los residuos, así como a disminuir o eliminar la contaminación resultante de las actividades de los proyectos, mediante el empleo de materiales libres de sustancias tóxicas. Adicionalmente, y en caso de ser necesario, permite reforzar las regulaciones nacionales y la capacidad institucional de los prestatarios para cumplir con los estándares internacionales y las mejores prácticas disponibles.
En este sentido, la Norma sobre Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación (NDAS 3) reconoce el concepto y práctica emergente de la economía circular y la recuperación de recursos, según la cual es posible crear u obtener productos utilizables y valiosos a partir de lo que anteriormente se consideraba como residuos.
Un derecho humano fundamental
La pérdida de biodiversidad, la emergencia climática y la contaminación generalizada han hecho que la lucha por un planeta saludable tenga un lugar prioritario en la agenda internacional. La integración de los Derechos Humanos en la Gestión Ambiental y Social de los proyectos debe asegurar que respetemos, protejamos y promovamos el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y que garanticemos el acceso a la información y la participación.
Aunque esta resolución que considera un medio ambiente sano como un derecho humano universal no es jurídicamente vinculante, será el primer paso para que, poco a poco, los distintos países fortalezcan sus constituciones y su legislación, de forma que se brinden más herramientas para hacer frente a las políticas, planes y programas que vulneren este derecho humano fundamental. Junto con el Acuerdo de Escazú, cada día tenemos más instrumentos para empoderar a los defensores ambientales y proteger su labor en América Latina y el Caribe.
Publicado por el BID -escrito por María Alejandra Escovar y Álvaro Adam- el 12 de agosto de 2022.