JAIR BOLSONARO, EL JUICIO… ¿Y DESPUÉS?

El liderazgo del movimiento ultraderechista creado por Jair Bolsonaro en Brasil dependerá de cómo resulte el juicio que se le sigue por intentar dar un golpe de Estado contra Lula Da Silva en 2023, pero la corriente seguirá ejerciendo influencia en la política de Brasil, como se vio en los últimos comicios locales.

El expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se arriesga a una condena de 12 a 40 años de cárcel si es condenado por coordinar el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 contra su sucesor, Lula Da Silva, pero su movimiento ha exhibido fuerza suficiente para seguir terciando en la política de Brasil.

Bolsonaro está acusado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de liderar una presunta conspiración en el asalto a los tres poderes de Brasil, en enero de 2023, después de fracasar su reelección en octubre de 2022, ante Lula (51% a 49%). También se le imputa haber puesto en duda la legitimidad de las elecciones.

El líder ultraderechista, un ex militar y diputado de 70 años elegido presidente en 2019, argumenta que su campaña de descrédito contra el sistema electoral del país fue solamente "retórica", que sólo intentaba lograr más transparencia en los comicios y que nunca pretendió preparar un golpe de Estado cívico-militar.

En abril, Brasil volvió a dividirse en dos frente a la situación judicial de Bolsonaro. El expresidente encabezó un masivo acto en San Pablo, donde se comparó con el  estadounidense, Donald J. Trump, procesado y condenado por delitos civiles, y con la líder ultranacionalista francesa Marine Le Pen, inhabilitada por malversación de fondos. Pero antes, en otros actos oficialistas se pidió prisión para Bolsonaro.

Los brasileños elegirán presidente en 2026. Lula, de 79 años, es el preferido en los sondeos pero 6 de cada 10 electores opinan también que no debería presentarse otra vez. A su vez, una mayoría parecida cree que Bolsonaro debe designar a un sucesor, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio Gomes de Freitas.

Otra corte, el Tribunal Superior Electoral, ya inhabilitó a Bolsonaro por ocho años, hasta 2030, por haber reunido a embajadores en julio de 2022 para denunciar un fraude electoral y haber puesto en duda la transparencia del sistema electoral en un "abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación". 

Algunos analistas consideran que, después del fallido intento de golpe de Estado, sin el apoyo mediático del pasado, ni del empresariado y las élites conservadoras, y habiendo perdido el aval de las Fuerzas Armadas en su conjunto, el movimiento bolsonarista sigue vivo puede resultar una amenaza para la democracia brasileña.

El juicio

En un informe de 884 páginas revelado en noviembre, los investigadores acusaron a Bolsonaro de dirigir y aprobar un complot bien orquestado, que incluía sembrar dudas infundadas sobre la fiabilidad de las máquinas de votación electrónica de Brasil en los meses previos a la votación de 2022. 

Según la Fiscalía, aunque Bolsonaro no estaba en Brasil (se había negado a entregar el poder a Lula y viajó a EEUU), organizó el golpe que fracasó porque los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea se negaron a apoyarlo, y así lo hizo el de la Armada, almirante Almir Garnier, y por eso terminó imputado.

El instructor del STF a cargo del proceso por golpismo contra Bolsonaro aprobado el 26 de marzo es Alexandre de Moraes (foto), un juez a quien cuando era presidente insultó y descalificó públicamente, lo declaró su enemigo, y ahora lo juzgará por conspirar en el asalto a los tres poderes de Brasil y desacreditar las elecciones.

En su defensa ante el tribunal, Bolsonaro sostuvo que su campaña de descrédito contra el sistema electoral fue sólo "retórica" y que abogaba por más transparencia, pero nunca para alentar un golpe de Estado. "Mi retórica siempre fue parecida”, dijo.

Su intención, alegó, era sólo  "auxiliar al tribunal electoral, para que las elecciones fueran lo más transparente posibles. Insultaba, decía malas palabras, pero hice lo que tenía que ser hecho".

Con Bolsonaro están acusados otros siete bolsonaristas, entre ellos el ex compañero de fórmula y ministro de Defensa Walter Braga Netto; los exministros Anderson Torres y Augusto Heleno; y al ex ayudante de campaña Mauro Cid, este último clave por su testimonio contra el ex presidente.

Todos son ​juzgados por cinco cargos: intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. En Brasil, una condena por golpe conlleva una pena de hasta 12 años, pero sumando los demás cargos, los acusados podrían ser condenados a décadas de prisión.

El ex edecán Mauro Cid, quien aceptó cooperar, declaró ante el tribunal que Bolsonaro leyó y editó un documento que pretendía anular el resultado de las elecciones. Según dijo, el expresidente se negó a interferir en las acampadas de bolsonaristas frente a cuarteles para pedir una intervención militar.

Ese 8 de enero fueron atacados en Brasilia la Corte Suprema, el Congreso y el palacio presidencial. El fiscal general Paulo Gonet lo considera fruto de un complot para anular el resultado electoral, que incluía asesinar a Lula y al juez Moraes. También se investigan conexiones en Argentina. 

El mismo Tribunal Supremo ya condenó a 371 personas por participar en los ataques. Los condenados han recibido penas de prisión de entre 3 y 17 años. El veredicto sobre Bolsonaro y el resto de los acusados se conocerá a finales de año.

Alternativas

Bolsonaro admitió ante la Corte Suprema que tras su derrota de 2022 buscó “alternativas” dentro de la Constitución para revisar el resultado de las urnas, en reuniones con jefes militares, entre los que según los testimonios sólo consiguió el apoyo de los de la Armada.

En diciembre, y por primera vez en la historia de Brasil, había sido arrestado un general de cuatro estrellas, el ex ministro de Defensa Walter Souza Braga Netto (foto), como sospechoso "extremadamente peligroso" del caso, según Moraes. Le siguieron otros tres generales, luego exculpados.

También es la primera vez en la historia del país desde el 15 de noviembre de 1889, hace 136 años, que un presidente es llevado a la Corte Suprema.

“Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución, sin salir de sus cuatro líneas”, pero “abandonamos cualquier posibilidad de una acción constitucional y enfrentamos el ocaso de nuestro Gobierno”, declaró Bolsonaro sobre sus contactos con militares y militantes influyentes en 2024. 

El exministro Anderson Torres detalló que el borrador de un decreto de Bolsonaro suspendiendo los resultados electorales, declarar el estado de sitio e intervenir la Justicia electoral era un “paper” que recibió de alguna persona que no supo identificar y que era algo “recurrente en esos días”.

“Hoy salí del tribunal tranquilo y más confiado en que seré el próximo presidente de la República para ayudar a sacar a nuestro país del desorden que vivimos”, afirmó Bolsonaro después de declarar, y desafió: los brasileños deben elegir presidente “en las urnas, no por un puñado de jueces en un juzgado”.

Alianzas internas y externas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, amenazó con sancionar duramente al juez Moraes por su actuación sobre Bolsonaro en el STF, a pedido del congresista republicano Cory Lee Mills, que le demandó impedir el ingreso a territorio estadounidense y hasta bloquear activos en dólares y tarjetas de crédito. 

La derecha brasileña luce dividida entre bolsonaristas de línea dura y un conservadurismo más pragmático que funciona bajo las reglas tradicionales de la política de Brasil, en donde la transacción se impone a las ideologías. Lula gobierna apoyado por conservadores, como el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Bolsonaro no descarta un regreso. Pero, inhabilitado, su sucesión demanda un heredero que parecían o su propio hijo Eduardo Bolsonaro, o incluso la esposa del expresidente, Michelle, pero que tiene ahora como competidor directo al gobernador de Sao Paulo, Gomes de Freitas, ex ministro de Infraestructura.

El propio Lula reconoció tras la manifestación masiva que encabezó Bolsonaro en mayo, antes de iniciarse el juicio, que no era posible “negar un hecho” político como ése y que los bolsonaristas “hicieron una gran manifestación en San Pablo. Aunque uno no quiera creerlo, basta con ver las fotos”. 

En ese contexto, según la prensa brasileña Gomes de Freitas, un ex ingeniero militar de 45 años vinculado a la evangélica Iglesia Universal, se perfila como heredero del movimiento. “Bolsonaro se ha limitado a pedir una amnistía, mientras que uno de sus principales herederos, Tarcísio, ya lo ha tratado como un retrato en la pared, postulándose para heredar sus votos”. 

“Bolsonaro no es un código fiscal, no es una persona, sino que representa un movimiento”, dijo el gobernador paulista (foto) en el acto de Bolsonaro, como único orador autorizado. “Tarcísio se ha presentado claramente como candidato al liderazgo de este movimiento” frente a sus demás competidores, según la prensa.

Una encuesta de la Universidad de San Pablo, arrojó que el 61% de los manifestantes entrevistados durante el acto de Bolsonaro señalaron al gobernador como su candidato preferido para las presidenciales de 2026.

Como anticipo, las elecciones locales de 2024 dejaron la gran mayoría de las ciudades del país en manos de conservadores y derechistas. El relativamente moderno Partido Social Demócrata (PSD), fundado en 2011, se convirtió en el partido de centroderecha más fuerte de Brasil, sobre el tradicional PMDB.

La derecha, que arrasó en la megalópolis San Pablo con Carlos Nunes apoyado por Bolsonaro, y los partidos de centro-derecha se impusieron al PT de Lula da Silva en 13 de las 15 capitales brasileñas en disputa: ganaron la mayoría de las capitales regionales en la segunda vuelta.

Los candidatos de otros partidos apoyados por Lula obtuvieron algunos triunfos importantes, el más destacado, el del centrista Eduardo Paes, que ganó la reelección en Río de Janeiro en la primera vuelta. 

El bolsonarismo puro salió derrotado en seis capitales, pero se quedó con capitales como Porto Alegre, Cuiabá y Aracajú, además de San Pablo.