Así como los contagiados, América Latina recibe el impacto de COVID-19 en condiciones preexistentes propias de la región, políticas, económicas y también sanitarias, que la obligan a plantearse un doble esfuerzo para relacionarse con un mundo bruscamente transformado e incierto, con autonomía y más integración. Este es el primero de dos Informes Especiales dedicados a la actual situación regional.
América Latina quedó expuesta, como el resto del mundo desde comienzos de 2020, a las traumáticas consecuencias del COVID-19, pero tanto en términos económicos como sanitarios el impacto de la pandemia se sintió diferente según los países, que a su vez eligieron respuestas variadas para afrontarla.
A la veloz propagación de la pandemia (524 mil casos y casi 30 mil muertos al 18 de mayo) y a los efectos de una inédita pausa productiva forzada, la región debe sumar difíciles condiciones económicas y sociales preexistentes, con Estados financieramente frágiles por el contexto global ya adverso en 2019.
En particular, se volvieron relevantes las debilidades estructurales de los sistemas sanitarios en la región, experimentados en el tratamiento de epidemias locales como las de dengue, chikungunya y zika, pero limitados a su vez por la sistemática falta de recursos humanos y materiales para otra emergencia a semejante escala.
Todo ello, se desarrolla en un entorno social crecientemente vulnerable, que pierde muchos avances logrados por gobiernos progresistas en la década de los 2000 y que dificulta operativos de prevención a la altura de lo que demanda esta “doble carga de enfermedad” que impone la pandemia del COVID-19 .
A diferencia de Europa, e incluso América del Norte, la región latinoamericana dispuso de dos ventajas estratégicas frente a la pandemia, en especial en América Central y del Sur. Por un lado, el tiempo que le llevó propagarse de Este a Oeste del globo, y permitió a la región prevenirse con cierre de fronteras, cuarentenas y hasta toques de queda. Por otro, haber empezado la batalla contra el COVID-19 a finales del verano austral, a salvo de los climas fríos que potencian el virus.
Esas ventajas, sin embargo, con una larga serie de coyunturas nacionales conflictivas previas -crisis institucionales, políticas, migratorias, de seguridad, económicas y de endeudamiento- que ponen a prueba a las sociedades latinoamericanas y a sus liderazgos, como pocas veces en la Historia moderna.
Realidades y respuestas
América Latina supo tan temprano como el 26 de febrero pasado que el COVID-19 dejaba de ser una rara sigla mencionada en noticias sobre China y Europa para convertirse en una amenaza sanitaria en ciernes real. Brasil anunció ese día el primer contagio de la región, un caso “importado” desde Italia.
Las Américas habían registrado otros anteriores, en Estados Unidos y Canadá, un mes antes. La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, recomendó que los países del continente intensificaran sus planes de preparación y respuesta a lo que todavía no era, oficialmente, una pandemia (en mayo, el continente superó a Europa en número de contagios, con 1,75 millones).
La situación, avisó la OPS, podría variar de un país a otro, según sus condiciones sociales y sanitarias preexistentes, y requerir por ello respuestas específicas.
Así, Argentina registró el primer muerto por COVID-19 de la región, el 8 de marzo, pero dos meses después logró “aplanar” la curva de contagios y convertirse en un modelo sanitario posible a seguir, aún con todos las limitaciones económicas con los que tuvo que iniciar el nuevo gobierno semanas antes de estallar la pandemia.
A su vez, Perú fue el primer país de la región en decretar una cuarentena general obligatoria y cerrar sus fronteras. Con Ecuador y Costa Rica fueron los tres pioneros en reaccionar ante la pandemia tomando decididas medidas de restricción.
Pero dos meses después, esas semejanzas se diluyeron. Mientras Costa Rica exhibía una de las poblaciones menos castigadas (casi sin contagios comunitarios y con la tasa de mortalidad más baja en América, 0,81%), Ecuador (6% de los contagios registrados de la región) y Perú (17,5%) vivían un calvario de enfermos y muertos (125 mil infectados y 5.300 muertos entre los dos), con duplicación de casos cada cuatro días o menos.
En esa brutal diferencia, imperaron las condiciones sociales y sanitarias dadas, determinantes para propagar o frenar la pandemia, y las acciones de los Estados para contener su propagación, coordinadas con todos los actores sociales, como pasó antes con otras epidemias en la región (dengue, chikungunya y zika).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo el sector sanitario privado, la región latinoamericana exhibía en 2017 un gasto en salud per cápita de USD 1.076 anuales, contra USD 3.364 de los países de la Unión Europea (UE).
El dinero tampoco lo hace todo: hay países que tienen un alto gasto per cápita, pero una insuficiente cobertura universal, porque sobre todo la parte privada del sistema plantea muchos problemas de acceso a los servicios, básicamente de costos.
Por ejemplo, Brasil, con uno de los sistemas de salud más amplios de América Latina, llegó a a la pandemia con una inversión de 3,8% en salud pública, contra el 7,9% del Reino Unido, el 8% de España y casi el 10% de Alemania y Francia, según el Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) brasileño.
La capacidad de los servicios sanitarios públicos, y la de sus recursos humanos, fue el primer factor para explicar la relativa eficiencia de las respuestas en países tan distintos como Cuba, Chile, Uruguay y Argentina, respecto de otros como Venezuela, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia o Perú.
Durante la década de los 2000 y hasta 2015, según la OPS, los países de la región habían hecho progresos significativos con el aumento en la cobertura y el acceso a servicios de salud y la inversión pública sanitaria, pero aún restaba mucho por hacer para cerrar la brecha de la equidad y abordar los nuevos retos. Pero a partir de 2015, la situación comenzó a deteriorarse.
Hoy, en todas las Américas hay 18 médicos, 59,7 enfermeras y 6,7 dentistas por cada 10.000 habitantes. El gasto público en salud promedio en la región equivale al 5% del PIB (por debajo del 6% recomendado por la OPS). El porcentaje en América del Norte (8%) es el doble que en América Latina y el Caribe (4%). Caso aparte es Cuba, que pudo enviar contingentes de médicos a otros países de la región.
La pandemia del COVID-19 llegó a la región cuando un 30% de la población estaba sin acceso constante a la atención sanitaria por razones económicas, según la OPS, y cuando solo tres países -Cuba, Argentina y Uruguay- superaban el promedio global de camas hospitalarias de 27 por cada 10.000 habitantes. También había una gran disparidad en la disponibilidad en servicios de cuidados intensivos.
Dada esa situación, beneficiosa para países con antecedentes de sistemas de salud pública y protección social en general más desarrollados, como México, Brasil y Argentina, pero muy limitante para otros sin esa ventaja histórica, en la dinámica de esta pandemia incidió, también, el tipo de respuesta sanitaria que dio cada país.
Tomando los tres países más grandes de la región, cada uno siguió su camino. Argentina, como se dijo, privilegió el cuidado de la salud con el consenso total de sus autoridades nacionales, provinciales y municipales, y bajo la guía y consejo de los principales sanitaristas y científicos del país. En medio de una dura negociación de su deuda, el país tomó el camino económicamente más costoso pero seguro.
México y Brasil, en cambio, adoptaron algunas medidas básicas y a tiempo, pero siguieron dando prioridad a la actividad económica (lo mismo hizo Chile, que concentra el 8,3% del total de contagios). En Brasil, donde el gobierno central se negó abiertamente a imponer cuarentenas -después dictadas unilateralmente por varios estados- los resultados fueron pésimos. México ya acumula más muertes que las declaradas por China, más de 5 mil.
Con la mitad de los contagios (241 mil) y dos terceras partes de las muertes de toda la región (16 mil), Brasil atraviesa hoy una emergencia sanitaria de incierta salida, con una situación desesperante en los sectores socialmente más vulnerables de los grandes centros urbanos, como San Pablo y Río de Janeiro. El país exhibe una de las peores estadísticas del mundo (el sexto con más contagios y el cuarto con más muertes).
