La Cuestión Malvinas es el asunto más antiguo y uno de los más importantes de la política exterior argentina. Desde hace más de 189 años existe una disputa de soberanía por las Islas entre la Argentina y el Reino Unido. La comunidad internacional ha reiterado su llamado a resolver la disputa por medios pacíficos y ha instado a ambas partes de la controversia a realizarlo mediante la negociación. A 40 años del conflicto armado que marcó la vida de miles de jóvenes y sus familias, el Reino Unido aún se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales y poner fin al colonialismo en todas sus formas.
¿Qué es?
La Cuestión de las Islas Malvinas es la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido respecto a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
En la Cuestión Malvinas ambas partes alegan tener mejores títulos que la otra sobre el territorio en disputa. Sin embargo, la actual posición de algunos sectores del Reino Unido es negar la existencia de tal controversia. Con todo, el simple desconocimiento británico de la existencia de la disputa no es suficiente para que ella no tenga virtualidad.
Si bien la disputa de soberanía tiene como inicio el 3 de enero de 1833, fecha en la que el Reino Unido expulsó por la fuerza a la población y a las autoridades argentinas de las islas, la historia de las Islas Malvinas se retrotrae a comienzos del siglo XVI, cuando fueron descubiertas por marinos ibéricos al servicio de la corona española.
¿Qué argumentos alegan las partes?
La tesis argentina respecto a sus títulos de soberanía sobre las Islas Malvinas fue impecablemente expresada en el decreto del 10 de junio de 1829 que creó la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas y no se modificó desde aquel momento.
Ese decreto establecía que España tenía la posesión material y ejercía su soberanía plena sobre las Islas Malvinas al momento en que las Provincias del Río de la Plata se separaron de la metrópoli el 25 de mayo de 1810. A su vez, indicaba que la posesión española sobre las islas se basaba en el derecho de primer ocupante, el consentimiento de las principales potencias marítimas europeas y la proximidad de las islas al continente. Finalmente, el gobierno de la República heredó todos los derechos sobre los territorios de la antigua metrópoli y continuó ejerciendo actos de dominio sobre las islas.
Es decir, Argentina tiene soberanía porque heredó al momento de su independencia el territorio de España, que por más de medio siglo controló todo el archipiélago sin reacción británica alguna. Luego la Argentina tomó posesión efectiva del territorio y realizó la obra más avanzada de asentamiento humano en las islas desde su descubrimiento. La Argentina nunca aceptó el despojo forzado de las islas por el Reino Unido y mantuvo su soberanía a pesar de la negativa británica de negociar y de someter la cuestión a arbitraje.
El Reino Unido, por su lado, ha variado constantemente sus argumentos respecto a su pretendida soberanía sobre las Islas Malvinas. En resumidas cuentas, el Reino Unido ha esgrimido los siguientes argumentos jurídicos y políticos respecto a su pretendida soberanía sobre las islas Malvinas a lo largo de la extensa historia del archipiélago: a) el descubrimiento de las Islas, b) la ocupación efectiva y el no abandono de su pretensión, c) la prescripción adquisitiva y finalmente la pretendida libre determinación de los pueblos de los habitantes de las Islas.
Cooperación con la población
Desde los primeros años de la presencia argentina, la relación entre el continente y en las islas estuvo estrechamente vinculada. Aún hoy quedan pruebas de esa vinculación a lo largo y ancho de las islas y en las costumbres de los propios isleños. Las tradiciones del campo (llamado "the camp", similar a la palabra española "campo", en lugar de "countryside") relacionadas con el caballo, y el uso de la palabra "chey" (del español "che”), así como el gusto por el mate, recuerdan un pasado de fuerte influencia continental.
Mediante la “Declaración Conjunta referente a comunicaciones entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino” del 1 de abril de 1971, la Argentina y el Reino Unido un conjunto de medidas prácticas que facilitaron el movimiento de personas y bienes entre el continente y las islas en ambas direcciones, promoviendo el establecimiento de vínculos culturales, sociales y económicos entre los isleños y el resto de los argentinos.
La cooperación ofrecida abarcaba diversos campos de la vida social, tales como la salud, el trabajo y la educación que contribuyó significativamente a la prosperidad de los isleños, y promovió el establecimiento de vínculos sociales, culturales y económicos que perduran en la memoria de un lado y otro del mar.
Así, se otorgaron becas a los estudiantes de las Islas, se enviaron maestras de español, LADE instaló una oficina en la Islas y operó un servicio de dos vuelos semanas, la Fuerza Aérea Argentina construyó el aeropuerto, YPF se instaló en las islas construyendo una planta y abasteciendo combustible líquido, Gas del Estado suministró gas natural ofreciendo una alternativa a la turba como combustible hogareño. También se proporcionó asistencia médica gratuita a los isleños quienes eran atendidos en el Hospital Británico de Buenos Aires, entre muchas otras acciones.
Este accionar fue y es completamente acorde a la histórica posición de la Argentina, que ha manifestado hasta el cansancio su compromiso por el respeto al modo de vida e intereses de los habitantes de las Islas Malvinas.
En esta misma línea, en el contexto creado por la pandemia, y contrariamente a la indiferencia de Londres y de la élite británica de las islas, la Argentina ha ofrecido vuelos humanitarios con aerolínea de bandera para transportar residentes de las islas Malvinas que necesiten viajar a otros destinos para atender trámites personales o visitar a sus familiares.
El pretendido autogobierno
La llamada “Constitución de las Islas Falkland”, aprobada en noviembre de 2008 por S. M. Británica, es la piedra angular del régimen colonial que el Reino Unido mantiene en las Malvinas. El artículo 11 reserva a la Reina un poder total para sancionar legislación para “la paz, el orden y el buen gobierno” de las islas, así como para enmendar legislación actualmente en vigencia.
La asamblea legislativa está compuesta por ocho miembros elegidos por un período de cuatro años; dos miembros elegidos por el gobernador (el director general y el secretario de finanzas) que pueden tomar parte de los procedimientos sin derecho a voto, el comandante de las fuerzas británicas y el procurador general, ambos llegados del Reino Unido, como el director general y el secretario de finanzas.
Es requisito para votar y ser elegido miembro de la asamblea, ser mayor de 18 años y gozar del “Falkland Islands status”. Este estatus, otorgado por el gobernador, requiere de la nacionalidad británica y es el instrumento utilizado por el gobierno británico para controlar quiénes pueden votar y ser electos en las islas. En la composición de la asamblea durante los últimos 20 años, cerca del 40% de los escaños han quedado en poder de personas nacidas en el Reino Unido.
El gobernador de las islas, elegido desde Londres por el Foreign Office, es un diplomático británico de carrera sin límite de permanencia en el cargo. Se reserva una enorme cantidad de poder en materias ejecutivas, legislativas y judiciales, donde las únicas limitaciones en su función provienen únicamente de la Reina y no de los habitantes de las islas.
El poder británico en las islas se halla tan presente y es tan influyente que incluso la propia constitución consagra abiertamente la supremacía británica en el orden político, administrativo e institucional sobre las islas y sus habitantes.
El gobierno británico continúa ejerciendo un control férreo sobre sus territorios coloniales y que el derecho de libre determinación de los pueblos es simplemente manipulado para invocarlo cuando le conviene, para evitar poner término a los conflictos territoriales que mantiene por la ocupación de territorios pertenecientes a otros Estados.
¿Qué es la libre determinación? ¿Es aplicable en la Cuestión Malvinas?
El Derecho Internacional distingue tres categorías de comunidades humanas: pueblos, minorías y pueblos autóctonos. Sólo los primeros tienen derecho de libre determinación externa, es decir, pueden decidir el destino del territorio en el que habitan. En el marco del proceso de descolonización, es la Asamblea General de las Naciones Unidas quien determina cómo se descoloniza un territorio y si la libre determinación es aplicable o no.
A diferencia de otros casos en que las víctimas del colonialismo eran pueblos sojuzgados, en el caso Malvinas la Asamblea General no reconoce la existencia de un pretendido "pueblo falklander" con derecho de libre determinación. Son ciudadanos británicos que llegaron a las islas después que la potencia colonial expulsara a las autoridades y población argentinas e impidiera que la población argentina pudiera regresar a las islas.
Al mismo tiempo que se negaba a discutir la controversia con la Argentina, el Reino Unido controló desde siempre la política migratoria del territorio insular. Se trata de una población que no tiene un crecimiento demográfico normal, cuya composición depende de la llegada de personas provenientes esencialmente de la metrópoli.
Hoy la población nacida en las islas Malvinas es minoría. El cuerpo electoral está constituido únicamente por ciudadanos británicos. Aplicar la libre determinación a semejante población sería desvirtuar el principio para perpetuar una situación de colonialismo territorial. Por supuesto, eso no quiere decir que sus habitantes no gocen de otros derechos. Simplemente, unos ciudadanos británicos no tienen el derecho de decidir una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
¿Por qué es un caso especial y particular de colonialismo?
Los elementos fundamentales de la resolución 2065 (XX) del 16 de diciembre de 1965, la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a las Islas Malvinas y denominada “Cuestión de las Islas Malvinas”, mencionan a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU del 14 de diciembre de 1960 -conocida como la arta magna de la descolonización-, se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas; establece la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas y especifica que una de esas formas es la de la Cuestión de las Islas Malvinas.
Es decir, no se trata del típico caso colonial del sojuzgamiento de un pueblo entero, sino que se trata de una especie de colonialismo territorial. En el caso Malvinas se trata del desplazamiento de un joven Estado independiente de una parte de su territorio, de naturaleza insular, escasamente habitado y sin una población originaria, por la máxima potencia colonial de la época.
A diferencia de lo ocurrido en otras regiones del mundo, por ejemplo en el Caribe, en el que la potencia colonial introdujo masivamente una población esclava que dio lugar a la conformación de un nuevo pueblo, en el caso Malvinas la escasa población llevada por el gobierno de Londres fueron colonos británicos. Al mismo tiempo que se negaba terminantemente a siquiera abrir la discusión con la Argentina a pesar de sus protestas, en un claro ejemplo de la política del más fuerte.
Y la posición de la resolución 2065 sobre la manera de descolonizar el territorio es, por un lado, que haya negociaciones sobre la disputa de soberanía y por otro lado que se tengan en cuenta los intereses de los habitantes de la población de las Islas Malvinas, es decir no se le reconoce a los habitantes el derecho de libre determinación de los pueblos.
¿El conflicto armado de 1982 cambió la naturaleza de la Cuestión Malvinas?
El conflicto de 1982 sin dudas fue un momento importante en los más de 500 años de historia del archipiélago, pero no ha cambiado un ápice sobre la cuestión central de la soberanía.
Respecto a lo sucedido entre abril y junio de 1982, está claro que el gobierno de facto argentino de entonces fue el mayor responsable, pero tampoco hay que olvidar que el gobierno británico hizo todo lo posible para, una vez iniciado el conflicto, torpedear toda salida pacífica. También le incumbe una gran responsabilidad sobre los hechos.
El desenlace militar no puso fin a la controversia. En 1982, el representante británico ante el Consejo de Seguridad adujo que el motivo de la convocatoria no era discutir quién tenía razón en la cuestión de fondo, sino rechazar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Invocó el artículo 40 de la Carta de las Naciones Unidas, que indica que las medidas provisionales que el Consejo adopte no perjudicarán los derechos o las posiciones de las partes interesadas.
Poco después del cese de hostilidades, la Asamblea General adoptó la Resolución 37/9 en la que reiteraba que la situación colonial requería la solución pacífica de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido teniendo en cuenta los intereses de los habitantes.
Publicado el 31/03/2022