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Perú, entre dos polos

  • hace 3 horas
  • 5 min de lectura

Más de 27 millones de peruanos podrán definir este 7 de junio las presidenciales entre la derechista Keiko Fujimori, expresión de sectores conservadores urbanos, y el izquierdista Roberto Sánchez, de la izquierda sostenida por el núcleo sociopolítico indígena y campesino del país.


La derechista Keijo Fujimori (51) hará este 7 de junio su cuarto intento por alcanzar la presidencia que ya ocupó su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), cuando enfrente en segunda vuelta del izquierdista Roberto Sánchez (57), quien busca retomar la corta experiencia de su mentor, el destituido Pedro Castillo (2021-2022). 


Con un electorado muy fragmentado, tras una década de fuerte inestabilidad institucional (no económica) y ocho presidencias, Fujimori ganó la primera vuelta del 27 de abril, pero con apenas 17,17%, delante de Sánchez (12,03%) y tras un objetado escrutinio en un país en el que, pese a sus endémicos problemas de desarrollo, la estabilidad macroeconómica sale indemne de las crisis políticas.


Según Carlos Malamud y Perú, como en 2011 y 2021, vivirá una segunda vuelta presidencial entre extremos, que revive el dilema fujimorismo (derecha autoritaria) vs. antifujimorismo, respaldado por una izquierda radical de tono nacionalista etnicista.


El deterioro político-institucional marcado desde hace una década por una elevada fragmentación, crisis de representación y fuerte polarización se ha incrementado.


Ante esos resultados, el embajador estadounidense, Bernie Navarro, advirtió: “Si negocian de mala fe con EEUU, tengan la certeza de que utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”. Perú postergó la compra por USD 3.500 millones de 24 aviones F-16 Block 70 de la estadounidense Lockheed Martin. 


En esos mismos comicios, los peruanos ya habían elegido el nuevo poder legislativo bicameral, con 60 senadores (30 a nivel nacional y otros 30 con uno por cada uno de los 27 distritos -4 del metropolitano-) y 130 diputados de 27 distritos. En ambas cámaras la primera minoría será Fuerza Popular, de Fujimori.


La reforma se aprobó tras el intento del encarcelado Castillo de disolver el Congreso, convertido a su vez en un poder fuente de constante inestabilidad, y ahora completado con un Senado que igualmente se aseguró el control del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo. 


Estas elecciones, bajo la última y provisional presidencia del jurista José María Balcázar desde el 18 de febrero, cuando reemplazó al destituido José Jerí, definirán dos candidatos presidenciales finales para junio pero sobre todo el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso.


Según la última encuesta de Ipssos, antes del debate televisado final, Fujimori mantenía una ligera ventaja pero dentro del margen de error, 38% a 35%, que en votos válidos terminaría en 40,4% y 38,3%, respectivamente. Cuando se eliminan los votos blancos y nulos, Fujimori obtiene 51,4% y Sánchez, 48,6%.


La gran incógnita en la última semana, según Ipsos, es qué harán los indecisos o los que declaran que piensan votar en blanco o viciado (12% en la encuesta)  y 15% no precisa su intención de voto. A su vez, 74% de los votantes de cada candidato declara tener su voto ya decidido pero el 26% restante podría cambiar su opinión. 


La propuesta electoral de Fujimori tiene una pata principal, la de "mano dura" en seguridad. Así, promete un “Perú con Orden”, vigilancia, patrulleros y construir cuatro grandes cárceles bajo administración temporal militar.


Además, aboga por una "economía social de mercado" con independencia del Banco Central, reducción del déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031 e inversión extranjera privada.


En cambio, Sánchez plantea en seguridad que la Policía Nacional (PNP) está atravesada por la corrupción y propone depurar sus altos mandos, democratizar los ascensos y crear una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito para combatir extorsiones y lavado de activos.


Sánchez impulsa reformar la Constitución de 1993 y sus artículos sobrer el rol del Estado en la economía, los contratos ley y la explotación de los recursos naturales, además de fortalecer la participación estatal en sectores estratégicos, e impulsar la integración del Perú a los BRICS.


Nuevo Congreso



El próximo Congreso -que surgió de la primera vuelta y volverá a ser bicameral después de más de 30 años, con Senado y Cámara de Diputados- será la llave para poner fin a una inestabilidad política que tanto contrasta con la macroeconómica, y para ello un nuevo presidente deberá reunir una mayoría sólida, meta difícil hoy.


El fujimorista Fuerza Popular obtuvo la primera minoría en el Senado con 22 escaños, seguido del izquierdista Juntos por el Perú, con 14, y por la ultraderechista Renovación Popular con 8. En Diputados, de los 130 escaños Fuerza Popular ganó 41, Juntos por el Perú 31 y Renovación Popular 16.


El nuevo Senado tendrá atribuciones que refuerzan su peso institucional, entre ellas, el que no podrá ser disuelto. También tendrá la capacidad de revisar y modificar leyes que luego pasarán directamente al Ejecutivo para su promulgación, lo que podría generar un nuevo balance de poder dentro del sistema político peruano.


Destituir a un presidente por incapacidad moral o física permanente ya no será sencillo: necesitará el voto favorable de al menos dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, 87 de sus 130 integrantes.


Desde 2016, Perú vio pasar ocho presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. En ese periodo, el Congreso declaró vacante a Vizcarra, Castillo y Boluarte, mientras que el Ejecutivo también utilizó mecanismos constitucionales para cerrar el Parlamento.


La otra estabilidad



No podemos arriesgarnos a que estos vientos favorables que están impulsando la economía fuertemente puedan disiparse. Esa es la tarea del nuevo gobierno que no se interrumpa esta dinámica favorable”, dijo Julio Velarde desde la presidencia del Banco Central que ocupa desde 2006, sobre el interinato de Balcázar.


Salvo períodos puntuales (pandemia), la economía de Perú lleva un cuarto de siglo en crecimiento. Sus reservas internacionales superan los 70 mil millones de dólares (30% PIB), la inflación anual en 2025 fue de 1,51%, el crecimiento del PIB de 3,4% tras el rebote post pandemia y un riesgo país relativamente en la región, bajo la custodia de un Banco Central autónomo que impone disciplina y ortodoxia liberal.


“A pesar de la volatilidad política, el crecimiento no ha sido tan malo y hoy gozamos de una estabilidad mucho mayor que en las décadas pasadas gracias a la independencia de nuestras instituciones”, argumentó Velarde en Davos, incluso antes de la destitución de Jerí.


Para matizar, más de la mitad de sus exportaciones provienen del sector minero (cobre y oro), sólo acompañado por la exportación de arándanos, paltas y frutas, y todo sostenido por inversiones extranjeras.


La Constitución de 1993 impide que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores del Congreso peruano, lo supone una protección de largo plazo para las compañías extranjeras que invierten en el país.


El llamado “milagro” macroeconómico convive con una  pobreza que alcanza a un cuarto de la población y avanza sin poder romper la informalidad estructural de su mercado interno, que supera el 70%. Millones de peruanos viven al día, sin protección social ni ingresos estables




 
 

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