Una década después del inicio de la Primavera Árabe (2010), que con origen en Túnez prometía una nueva era de reformas democráticas y sociales en la región, ese mismo país somete a referéndum unos cambios liderados por el presidente Kais Saied que la oposición considera todo un retroceso en el proceso de apertura.
Túnez celebrará este 25 de julio un referéndum convocado por el presidente Kais Saied para aprobar o rechazar una nueva reforma de la Constitución que la oposición y expertos consideran un franco retroceso respecto de los cambios introducidos en 2014, que habían recogido las demandas de la Primavera Árabe (2010) que comenzó justamente en el país y se extendió por toda la región del Magreb y Cercano Oriente.
La inmolación del joven universitario y comerciante Mohamed Bouazizi, víctima antes del abuso de autoridad y la corrupción del gobierno, desencadenó la crisis política que se dio a conocer luego como Revolución de los Jazmines.
Después del autoexilio de Zine al-Abidine Ben Ali (1987-2011) tras un cuarto de siglo en el poder, a las pocas semanas del estallido y tras el rechazo popular a sus intentos de salida negociada del poder, los tunecinos eligieron en elecciones libres y competitivas una Asamblea Constituyente, en octubre de 2011.
La crisis se extendió desde la periferia al centro de Túnez espontánea pero sostenidamente. La participación de las mujeres y la inacción del Ejército (ambos productos de un Estado relativamente secular y desmilitarizado en comparación con el resto del Magreb) resultaron claves en el corto plazo para posibilitar la apertura.
La victoria de Moncef Marzouki del partido islamista Ennahda (“Renacimiento”), vinculado a los Hermanos Musulmanes, en las elecciones de 2011 supuso el desafío de que la transición la liderara un gobierno islamista en un país de larga tradición laica. Las diferentes fuerzas políticas tunecinas pactaron entonces una hoja de ruta que estableció un gobierno multipartidario de transición, la sanción de una nueva Constitución y elecciones generales.
A principios de 2014 la nueva Constitución democrática fue aprobada con un amplio consenso; y los comicios legislativos y presidenciales a finales de ese mismo año le dieron la victoria a Béji Essebsi, del partido Nidaa Tounes (“Llamado por Túnez”), secular y centrista. Para enero de 2015 la transición democrática estaba plenamente consolidada: Essebsi asumía entre la enorme expectativa popular de recuperar la estabilidad y el crecimiento, a pesar de las protestas del sur islamista que considera al gobierno actual como insuficiente y generacionalmente parte del antiguo régimen.
Fueron esas demandas de estatismo e islamismo -con un apoyo decisivo de la juventud y los colectivos anticorrupción- las que alentaron al movimiento Mouassissoun (“Fundadores”), del jurista Kais Saied (64). En 2019, esa plataforma catapultó a Saied a la presidencia con una contundente victoria en segunda vuelta (72%) que lo convirtió en el primer mandatario nacido en un Túnez independiente.
Sin embargo, el estancamiento económico y el manejo insatisfactorio de la pandemia del COVID-19 quitaron rápidamente buena parte del apoyo a la figura de Saied.
En julio de 2021, en lo que la oposición consideró un golpe de Estado, Saied se atribuyó plenos poderes, destituyó al primer ministro y suspendió por seis meses el Parlamento, dominado por Ennahdha, principal fuerza política desde 2011 y liderado por su fundador, Rachid Ghanuchi. El presidente justificó su ofensiva frente a lo que describió como una elite política nacional “corrupta y egoísta”.
En febrero pasado, Saied dio otro paso en su estrategia cuando creó por decreto un Consejo Superior de la Magistratura que le dio la facultad de despedir a los jueces del país, bloquear sus ascensos y prohibirles el derecho a huelga.
El nuevo proyecto
Saied, él mismo jurista de formación, convocó a sindicatos y empresarios para consensuar un nuevo texto constitucional que fortalecerá el Ejecutivo que ocupa, en detrimento de algunos sectores islamistas, partidos políticos tradicionales y a los movimientos sociales más activos desde la Primavera Árabe, cuando fue derrocado Ben Alí.
El proyecto, propuesto en medio de una crisis económica, financiera y social que no escapa a la situación global, amplía los poderes del Presidente, limita el poder del Parlamento y permite a Saied gobernar por decreto hasta diciembre, cuando se elija uno nuevo. La nueva Constitución le permitiría presentar él mismo proyecto de ley, ser único responsable de proponer tratados y elaborar los presupuestos.
La reforma constitucional introduciría un nuevo Consejo de las Regiones como segunda cámara legislativa. En el futuro, siguiendo un sistema menos parlamentario y más presidencialista, los gobiernos responderían exclusivamente al jefe del Estado y sólo caería con la censura de dos tercios de los legisladores.
Si logra su reforma, Saied podría ejercer dos mandatos de cinco años cada uno y retendría el derecho a disolver el Parlamento. Una reforma posterior también introduciría cambios en el sistema electoral.
Finalmente, el proyecto propone un cambio radical en el sistema político tunecino moderno: el Islam dejará de ser la religión del Estado, aunque Túnez se considere parte de la nación islámica en sentido amplio.
Con todo, Said reivindica que la parte de la Constitución de 2014 que establece derechos y libertades como la libertad de expresión, el derecho a organizarse en sindicatos y a las reuniones pacíficas permanecerá intacta.
Rechazos, críticas y abstención
Según la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el proyecto de Said justifica los temores de crear el terreno para un régimen autocrático, ilegal, ilegítimo y carente de transparencia. "Esta reforma constitucional pretende codificar el autoritarismo que ya existe desde hace un año", opinó Saïd Benerbia, director del África del Norte y Oriente Medio de la CIJ. Y argumentó: "Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se reconocen como poderes separados, sino como meras funciones".
Las reformas encontraron la oposición de muchos decanos de facultades de derecho y de la central sindical UGTT, que describió el proceso de reforma como
"una fachada y carente de toda noción de participación. No se nos consultó ni directa ni indirectamente durante la preparación y elaboración de este programa", añadió Slaheddine Selmi, vicesecretario general de la organización. En efecto, la UGTT convocó a mediados de junio una gran huelga de los empleados públicos.
Saied abrió una participación de todos los tunecinos en la consulta electrónica, pero sólo se expresó el 5,9% del padrón de votantes registrados. Desde el 3 de julio, cuando fue presentado el proyecto oficial de reforma constitucional, hasta el día del referendo, se podrá hacer campaña pública.
Partidos y asociaciones opositoras llamaron a los tunecinos a boicotear la reforma con la abstención. Sin embargo, el gobierno estableció que no hará falta un piso mínimo de votantes para aprobar el nuevo texto de Constitución. “Podría aprobarse aunque participaran sólo 2 mil personas”, advirtió la CIJ.
Las consecuencias para las conquistas de la Primavera Árabe serían profundas. Además de la reducción de la autoridad civil sobre los militares, se eliminarían los artículos que instituyeron la Institución Nacional de Lucha contra la Corrupción (INLUCC), la comisión de derechos humanos y una autoridad audiovisual independiente.
De ser aprobado en la consulta popular, el nuevo texto constitucional tendrá efecto inmediato una vez se anuncien los resultados definitivos.
Publicado el 20/07/2022