EL MODELO BUKELE, ¿REELECCIÓN O DICTADURA?

Desde su llegada al poder en 2019, como otro líder joven del nuevo siglo, Nayib Bukele fue forjando un modelo basado en la seguridad pública a cualquier costo -incluso pactos denunciados con la criminalidad- que le aseguró apoyo para purgar la Justicia y, ahora, romper un viejo tabú de El Salvador: la reelección indefinida.

El presidente Nayib Bukele (44), notorio en el mundo por el apoyo popular que mantiene tras seis años de su controvertida erradicación de la violencia criminal en El Salvador, dio un último golpe de efecto político al implantar en el país la reelección presidencial indefinida, con la que puede gobernar hasta 2033.

El 31 de julio, el Congreso salvadoreño -el partido Nuevas Ideas de Bukele controla 54 de las 60 bancas- aprobó en trámite rápido la reelección indefinida. Según organizaciones de la sociedad civil significará un “quiebre definitivo” para la democracia del país centroamericano, de 6,3 millones de habitantes. 

El último presidente reelegido en el país había sido el dictador Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), derrocado hace 78 años. La prohibición constitucional de reelección formó parte de la tradición constitucional salvadoreña.

El reeleccionismo de Hernandez Martínez, un genocida de la población indígena que se concedió la excepción a sí mismo, fue clave para su caída.

Junto con la “reelección sin reservas”, el Congreso controlado por Bukele aprobó la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y la celebración simultánea de ejecutivas, legislativas y municipales, sin segunda vuelta, todo adelantado de 2029 a 2027 (Bukele inició segundo mandato el 1 de junio de 2024). 

Bukele fue elegido en 2019 (53,1%) y reelegido en 2024 con el 85% de votos, un respaldo que mantiene según los últimos sondeos. En 2021, la Corte Suprema de mayoría oficialista permitió a Bukele presentarse a la reelección sólo si dejaba su cargo seis meses antes de comenzar un segundo periodo. En diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la solicitud de Bukele de un permiso para hacerlo.

“No solamente está prometiendo mano dura en la seguridad, está prometiendo el desmantelamiento del Estado de Derecho, está prometiendo que va a cooptar todos los derechos públicos, que va a perseguir a la sociedad civil y al periodismo, y que va a reformar a las instituciones para poder mantenerse en el poder y en eliminar la posibilidad de una alternancia democrática”, según Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

“A los medios internacionales, ¿saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”, respondió Bukele, y justificó la reciente “Ley de Agentes Extranjeros” con la que filtrará grupos de DDHH permitidos y con impuestos de 30%, como hace Daniel Ortega en Nicaragua.

Según Bukele, el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de sus gobernantes “y nadie se inmuta, pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia". El sistema parlamentario europeo “no es más que un pretexto” en el razonamiento.

Según el diario digital El Faro, entre sus primeros críticos y con sus periodistas ahora exiliados en Costa Rica, hay por lo menos 28 presos políticos y 92 perseguidos políticos en El Salvador, 95% de ellos “progresistas, de movimientos sociales, sindicales o ambientalistas” y el resto del derechista opositor Arena.

“La pregunta para muchos de los salvadoreños, que quizá todavía veían con buenos ojos a Bukele, es cuándo esos poderes van a ser usados en contra de ellos mismos, contra sus familiares”, insiste Goebertus.

Pandillas, pactos y bolsillos

Bajo el estado de excepción vigente desde marzo de 2022, impuesto por Bukele tras un fin de semana con 86 muertos y renovado desde entonces, 88.000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices fueron arrestadas y permanecen la mitad de ellas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (foto) estrenado en 2023. 

Según ONGs internacionales de DDHH, miles de personas fueron encerradas arbitrariamente, entre ellos la abogada Ruth López, y 430 han muerto en prisión. 

La fama nacional e internacional de Bukele en su campaña contra las “maras” o pandillas criminales que asolaban El Salvador antes de su gobierno se vio otra vez opacada porque el sistema penal mantuvo durante cuatro meses incomunicados a 252 venezolanos, que al ser liberados denunciaron torturas y abusos.

En 2024, El Salvador registró otra caída de la tasa de homicidios, con sólo 114 casos, un 26% menos que en 2023, según la Fiscalía, o sea 1,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, unos datos en los que Bukele cimenta casi toda su popularidad.

La población carcelaria superó los 105.000 reclusos en 2023, la segunda mayor tasa de encarcelamiento del mundo: 614 presos cada 100 mil habitantes.

Entre los perseguidos figura la redacción del diario digital El Faro, dirigido por Carlos Dada, quien en 2022 reveló un pacto de Bukele con líderes pandilleros del grupo Barrio 18 y la Mara Salvatrucha en las elecciones de 2015 (para la alcaldía) y 2019 para reducir los homicidios a cambio de dinero y de beneficios.

Pero, mientras tanto, el PIB creció a una tasa del 3,4 % en el 4T de 2024, según el Banco Central (antes trimestres de +4 %, +1,86 % y +1,18 %). El año dio un promedio de 2,6%, la tasa más baja de Centroamérica y según la CEPAL seguirá siendo así en 2025, frente al 3% promedio para el resto del istmo.

El Salvador arrastra desde 2024 una disminución de sus exportaciones por una caída de la demanda de sus productos en EEUU (-6,5%), su principal socio comercial y que ahora complica más las cosas por la suba de aranceles de la Administración Trump, de al menos 10%. También podrían caer las remesas de dólares desde EEUU, por la deportación de migrantes que las enviaban.

Así, la situación económica se consolidó en 2024 como el principal problema para los salvadoreños, principalmente por el desempleo y el alto costo de la vida, y superó la preocupación por la delincuencia, de acuerdo con las encuestas.

Según un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), el 75,8 % de la población opina ahora que el principal problema fue, el año pasado, la economía, cuando en 2023 este dato era del 69,9 %.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) completó  en julio la primera revisión del acuerdo con el gobierno y desembolsó 118 millones de dólares.