Los húngaros irán a las urnas este 3 de abril con dos opciones bien diferenciadas: reelegir al premier ultraconservador Viktor Orbán, en el poder hace 12 años, o dar paso a una oposición que se une por primera vez desde que el líder nacionalista instauró un régimen “iliberal” que confronta con el modelo democrático de la UE y que atraviesa serias dificultades económicas que pueden definir su continuidad.
Unos ocho millones de húngaros están habilitados para votar este 3 de abril en unas elecciones parlamentarias en las que el primer ministro ultraconservador Viktor Orbán (58), en el poder desde 2010, buscará su quinto mandato frente a una alianza opositora que promete desmontar el actual régimen institucional “iliberal” del país.
El proceso electoral en Hungría es seguido con gran interés desde la Unión Europea (UE), que integra el país desde 2004 y con cuyo modelo democrático confronta Orbán abiertamente. La invasión de Ucrania por Rusia le da a estos comicios una relevancia geopolítica todavía mayor, por su vecindad con el escenario bélico.
La situación económica del país (54° economía mundial) también jugará su rol en estos comicios, de los que surgirán los 199 miembros del Parlamento que designan al primer ministro. La inflación (8,3% anual) era alta ya antes de la crisis en Ucrania, que disparó los precios internacionales, y la administración seguirá condicionada por una deuda alta (casi 80% del PIB) y por la estrechez de las cuentas fiscales.
Sin embargo, el mayor factor de incidencia en la gran polarización electoral es el referéndum convocado para el mismo día por Orbán sobre "medidas de protección de la infancia" que impidan acceder a niños, niñas y adolescentes a información sobre la comunidad LGBT (ya hay una ley al respecto, que relaciona homosexualidad con pederastia y que la consulta ahora se propone legitimar).
Orbán y su partido, Fidesz, reivindican para Hungría una identidad cultural basada en los valores de la familia cristiana tradicional que el premier puso en el corazón de su proyecto nacionalista y xenófobo, apoyado por mayorías electorales desde hace más de una década, aun al costo de entrar en conflicto y sufrir sanciones de la UE.
Década de cambios
Los comicios del 3 de abril son los novenos desde el final de la era comunista, en 1989. Ese año, el propio Orbán figuró entre los que ofrecieron honras fúnebres a Imre Nagy (1896-1958), el líder de la fugaz transición democrática sofocada militarmente por la Unión Soviética en 1956, fusilado en 1958.
En su discurso, de junio de 1989, un joven Orbán reclamaba a las tropas soviéticas todavía desplegadas en el país a replegarse a Moscú. Fue tan convincente que, tras escucharlo, el magnate húngaro George Soros le financió sus estudios en la Universidad de Oxford. Hoy, el financista lo combate y denuncia por corrupción.
La convocatoria electoral la hizo el último presidente, János Áder, quien cumplió este año su segundo mandato de cinco años y fue sucedido el 13 de marzo por la oficialista Katalin Novak, elegida por el Parlamento como la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país (antes fue ministra de Asuntos Familiares).
La coalición conservadora y nacionalista de Orbán, liderada por su partido Fedesz (Alianza de Jóvenes Demócratas), ha gobernado con una mayoría parlamentaria que le permitió reformar la Constitución, cambiar reglas electorales en favor del oficialismo, controlar el Poder Judicial, regular los medios e introducir leyes de férreo control estatal, además de normas migratorias contrarias a las directivas de la UE.
La evolución de Fidesz inicia en 1990, bajo predominio socialista, como una fuerza minoritaria (8,9%), integrada a la Internacional Liberal. En 1994 perdió apoyo (7%), pero entonces giró marcadamente a la derecha. Pese a sufrir una escisión del ala moderada, en 1998 resultó el partido más votado (29,4%) y Orbán debutó como primer ministro, en alianza con dos partidos menores, durante cuatro años.
Fidesz perdió el poder en 2002 (41% contra 42% del socialismo), pero consolidó un bloque opositor como Fidesz-Unión Cívica Húngara. En nuevas alianzas, el bloque mantuvo su apoyo (42%) aunque perdió otra vez en 2006, mientras expandía su poder local (ganó 15 de las 23 alcaldías y 18 de las 20 asambleas regionales).
El triunfo que sentó las bases del actual régimen de Orbán llegó en 2010, cuando obtuvo 52,7% de los votos y su coalición ganó 263 de los 386 escaños (contra sólo 59 de los socialistas del MSZP y 47 de los radicales nacionalistas del Jobbik), bajo la gran crisis financiera y los ajustes fiscales en la UE, que incentivaron incluso la nostalgia por los tiempos del comunismo soviético.
En su segunda etapa de gobierno, la gestión de Orbán acompañó la recuperación con crecimiento económico y bajo empleo, pero emprendió una serie de reformas políticas e institucionales enseguida cuestionadas desde Bruselas.
El líder húngaro introdujo numerosas leyes y una cuarta enmienda de la Constitución en 2012 que maniató al Tribunal Constitucional, restituyó normas que esa corte había invalidado sobre libertad de expresión y credos religiosos, dictó regulaciones para designar jueces y exigió un registro previo para poder votar.
En un discurso histórico, en 2014, Orbán proclamó finalmente la instauración en Hungría de una democracia “iliberal” o “no liberal”, un término popularizado en 1997 por el analista Fareed Zakaria, en contraposición con las “sociedades abiertas” de la tradición occidental moderna, con separación de poderes, libertad de expresión garantizada y controles ciudadanos.
Orbán reivindicó, en cambio, sistemas políticos como los de Indonesia, China, India, Rusia y Turquía: "El Estado que vamos construyendo en Hungría no es liberal. No niega valores como la libertad, pero no los convierte en un componente central. Como núcleo propongo un elemento particular: el enfoque nacional”, dijo.
Dos meses antes, con el Parlamento reducido a 199 bancas, de las cuales 106 son elegidas por circunscripciones uninominales (muy favorables al oficialismo), el premier había sido reelegido para un cuarto mandato con el 45% de los votos (130 bancas). Cuatro años más tarde amplió esa base al 49% (135 bancas de las 199).
Poco después, el Parlamento Europeo -448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones- aprobó la potencial activación del Artículo 7 de la UE, que permite a los miembros (con la unanimidad del resto de los miembros del bloque) suspender el derecho a voto del país en el Consejo Europeo por violar derechos básicos como los DDHH o negarse a recibir refugiados.
El aislamiento europeo de Orbán pareció acentuarse cuando tardó dos semanas en condenar la invasión de Rusia por Ucrania. El primer ministro húngaro fue - con el francés Emmanuel Macron- el último mandatario europeo en visitar a Vladimir Putin antes de la guerra, para negociar contratos de gas. Finalmente autorizó el despliegue aéreo y terrestre de la OTAN (que Hungría integra), aunque prohibió el traslado de armas a suelo ucraniano y sólo permitió ayuda humanitaria y sanitaria.
Unidad opositora
A diferencia de los últimos cuatro comicios, esta vez la oposición a Orbán acude a las urnas unida en una variopinta coalición de seis partidos que incluye a socialistas, izquierdistas, liberales y ecologistas (Movimiento por una Hungría de Todos).
En unas primarias con 600 mil votantes, las fuerzas opositoras consagraron como candidato único a un conservador, el independiente Péter Márki-Zay, un economista e historiador que se impuso en segunda vuelta a la socialista Klára Dobrev.
“No solo le queremos ganar a Orbán, queremos construir una nueva Hungría
-proclamó Márki-Zay-. La salida no está ni a la derecha ni a la izquierda, sino arriba. El Gobierno de Orban va a ser reemplazado por una mayoría de dos tercios”, imprescindible para revertir el régimen “iliberal” pero muy difícil de alcanzar en un escenario tan polarizado según los últimos sondeos.
Lo que une a una oposición tan diversa es el acuerdo básico de derogar la reforma constitucional de 2011 y las numerosas leyes aprobadas por los gobiernos de Orbán y cuestionadas desde Bruselas, de tal modo de evitar que un nuevo gobierno quede preso de la estructura institucional orbanista -incluyendo el área económica- creada durante la última década.
Como reconoció el propio Márki-Zay, Orbán "ha construido un sistema que le otorga un poder exclusivo y que le hace prácticamente insustituible e invencible". Por eso, la oposición aspira a convocar a un referéndum para reformar el régimen, una iniciativa que depende, nuevamente, de dos tercios de apoyo en el Parlamento.
Desde 2010, un millón de húngaros étnicos residentes en países vecinos fueron convertidos en ciudadanos. Más del 90% de ellos votan al Fidesz.
En octubre pasado, el presidente del Parlamento, László Kövér, dijo que referirse a un cambio constitucional como el pretendido por la oposición equivalía a incitar a la abolición del orden constitucional y debería ser perseguido como delito. Luego fue más allá y consideró a la oposición una amenaza a la seguridad nacional.
De todos modos, el candidato -experto en márketing y de reconocida gestión como alcalde de Hodmezovasarhely (ciudad de 50 mil habitantes en el sur del país)- preparó, con apoyo de think tanks, un programa de gobierno que abarca incluye además de reformas políticas asuntos de economía, pensiones, salud y educación.
"Una cosa que podemos prometer es la libertad. Tenemos que restaurar la libertad y el Estado de derecho”, declaró Márki-Zay. El régimen “iliberal” o “no liberal” creado por Orbán, según el candidato opositor, “es como un Estado comunista, con la excepción de que la corrupción es mucho más relevante”.
Valores cristianos
En estas elecciones, el referéndum simultáneo sobre "medidas de protección de la infancia" que impidan acceder a niños, niñas y adolescentes a información sobre la comunidad LGBT, sintetiza la polarización del escenario político húngaro.
En los hechos, Orbán logró en 2021 hacer aprobar y poner en vigencia -con aval del Tribunal Constitucional- la ley que prohíbe instruir a niños, niñas y adolescentes sobre la homosexualidad en las escuelas. La norma implementa una enmienda constitucional de 2020 que obliga al Estado a garantizar la educación de los niños según su sexo biológico al nacer y considera que en la familia "la madre será una mujer, el padre será un hombre".
Aún así, el gobierno de Orbán aspira a legitimar políticamente con esta consulta esas normas homofóbicas para neutralizar eventuales sanciones de la Comisión Europea, que ya debate abrir procedimientos por el “carácter homofóbico” de la legislación y solicitar la intervención del Tribunal de Justicia de la UE.
El referéndum tiene cuatro preguntas:
-¿Apoya usted que se someta a los menores a sesiones sobre orientación sexual en las escuelas públicas sin el consentimiento de los padres?
-¿Apoya usted la promoción de tratamientos de cambio de sexo para menores?
-¿Apoya usted que se someta a los menores, sin ninguna restricción, a contenidos mediáticos sexualmente explícitos que puedan afectar a su desarrollo?
-¿Apoya usted que se pongan a disposición de los menores contenidos mediáticos que muestren el cambio de sexo?
Economía en vilo
En febrero de 2022, la UE restringió el acceso a recursos económicos de parte de Hungría por sus restricciones de derechos y libertades democráticas, según Bruselas. La medida congeló 7 mil millones de euros en fondos europeos y el Tribunal de Justicia rechazó los recursos que interpuso el gobierno de Budapest (lo mismo pasó con el vecino régimen derechista de Polonia, por otros 36 mil millones).
Ello limitará la recuperación de la economía húngara, que en 2021 creció 6,9% aunque caerá al 5% en 2022, según la OCDE. En campaña, el gobierno aumentó el gasto social, en pensiones y reembolsos a las familias, por unos 5 mil millones de euros, lo que según analistas europeos impulsará el consumo pero incentivará la inflación y complicará la balanza de pagos por mayores importaciones (dos tercios de la actividad económica corresponde a servicios).
Hungría atravesó la crisis europea de 2008-10 con medidas poco ortodoxas para la UE, como la nacionalización de fondos de pensiones privados y un aumento de impuestos a grandes grupos de las finanzas, energía, comercio y comunicaciones. Los servicios de agua, luz y gas están subvencionados desde 2013.
Un elemento clave del apoyo a Orbán -sostiene que la población húngara está en “peligro de extinción”- es su política familiar, que incluye concesión de préstamos, subvenciones y exenciones fiscales a las familias con hijos, como parte de lo que en el país se conoce como "gobernanza demográfica" y contrasta con el abierto rechazo a la incorporación de inmigrantes. Hungría, con 9,8 millones de habitantes, vio crecer su tasa de fecundidad 20% en la última década, según el gobierno.
Como contrapartida, el déficit fiscal ya había alcanzado el 8,1% del PIB antes de la pandemia, el triple casi del 3% tolerado por Bruselas para la zona euro, que excluye a Hungría. Orbán prometió bajarlo a 7,5% en 2021 y a 5,9% este año. También pesa el aumento rápido de la inflación (8,3% anual), casi el doble de la media de 2021.
Desde la oposición, su candidato Marki-Zay advirtió que la inflación derivada del mayor gasto podría erosionar el aumento concedido en campaña por Orbán en campaña. "Un nuevo gobierno no hará ajustes puntuales a las pensiones, sino que creará un sistema de pensiones sostenible y fiable a largo plazo", prometió.
Publicado el 28/03/2022