"La era de las fronteras difusas", por S. Hanson y J. Kopstein

El inicio de la guerra de Irán, se le preguntó al presidente estadounidense Donald Trump si el mapa del país seguiría siendo el mismo tras el conflicto. Su respuesta no se hizo esperar: «No sabría decírselo. Probablemente no». Esta observación, pronunciada de manera incidental, no deja de ser sorprendente. Sugiere que la redefinición de las fronteras del decimoséptimo Estado soberano más grande, considerado durante mucho tiempo en el orden internacional moderno como fijado por un acuerdo formal, se ha vuelto no solo concebible, sino habitual en las más altas esferas del gobierno estadounidense.

El presidente estadounidense habla mucho, y a menudo es difícil extraer tendencias de una de sus declaraciones. Pero no se trató en absoluto de una declaración aislada pronunciada en el calor del momento. Se inscribe en una tendencia más general que ha marcado el regreso de Trump al poder: una obstinación constante por considerar las fronteras no como realidades jurídicas reconocidas, sino como elementos contingentes y susceptibles de ser revisados en cualquier momento.

«Lo que Trump había iniciado durante su primer mandato, lo ha proseguido con ahínco desde el inicio de su segundo, a saber, la fundación de un régimen patrimonial».

Fuzzy borders y revisionismo imperial

Entre la multitud de decretos, publicaciones en redes sociales, discursos y medidas arancelarias fluctuantes que han marcado la presidencia de Trump desde enero de 2025, uno de los hilos conductores más sorprendentes ha sido su interés, siempre renovado, por la extensión —o la redefinición— de las fronteras territoriales del propio Estados Unidos. Sus declaraciones sobre Panamá, Groenlandia, Canadá e incluso Gaza también hacen eco de ello.

Consideradas en su conjunto, ponen de relieve una concepción notablemente coherente del espacio político: las fronteras no son fijas, sino difusas; no son una cuestión de derecho, sino de historia; no son restricciones, sino objetos de negociación. Esta tendencia expansionista se distingue por su carácter cíclico, exacerbándose en períodos de confianza política interna y atenuándose ante la oposición internacional o la evolución de las prioridades estratégicas.

Sin embargo, a pesar de los altibajos del revisionismo territorial de Trump, la tendencia subyacente es clara: Estados Unidos está dando poco a poco la espalda al orden internacional basado en fronteras estatales legales claramente delimitadas, en favor de un mundo de «fronteras difusas».

Prueba de ello son las críticas recurrentes de Trump a la transferencia de soberanía sobre el Canal de Panamá iniciada por Jimmy Carter. Si bien antes tomaban la forma de burlas irreflexivas dirigidas al expresidente demócrata, se han endurecido durante el segundo mandato para tomar un giro mucho más grave. Trump ha afirmado en varias ocasiones que el canal —construido por Estados Unidos y cedido a Panamá en virtud de los tratados Torrijos-Carter— es en realidad «administrado por China» y, por lo tanto, controlado de manera ilegítima.

A pocas semanas de asumir el cargo, envió al secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá para abordar directamente el tema con el presidente panameño.

«Lo vamos a recuperar, de lo contrario va a pasar algo muy grave», advirtió Trump, antes de declarar en su discurso ante el Congreso en marzo de 2025 que Estados Unidos iba a «recuperar el Canal de Panamá». Así fue como una cuestión de derecho de los tratados se convirtió en una decisión política, susceptible de ser objeto de un cambio de rumbo.

La misma lógica se aplica, de manera aún más flagrante, a Groenlandia. Aunque Trump acariciaba desde hacía tiempo la idea de adquirir este territorio danés, no había hecho nada al respecto durante su primer mandato. Tras su regreso al poder, sin embargo, Trump retomó el proyecto de manera mucho más apremiante, afirmando que Estados Unidos estaba decidido a adquirir Groenlandia «de una forma u otra» y que no excluía el uso de la fuerza.

No contento con estas declaraciones, su administración pasó de las palabras a los hechos: visitas de Estado de alto nivel a Nuuk, recopilación de inteligencia y amenazas económicas destinadas a presionar a Dinamarca.

Los líderes europeos no tomaron esto como simples bravuconadas. Dinamarca convocó al embajador estadounidense, aumentó su gasto en defensa en el Ártico y, en colaboración con Estados clave de la OTAN, comenzó a prepararse para un posible conflicto.

Los responsables daneses advirtieron abiertamente que un intento estadounidense de apoderarse de Groenlandia podría significar el fin de la propia OTAN. Lo que antes parecía un impulso fantasioso circunstancial tomó la forma de una inclinación persistente: reclamaciones territoriales presentadas, suspendidas y luego presentadas de nuevo.

Si las declaraciones de Trump sobre Groenlandia sacudieron a la OTAN, su actitud hacia Canadá afectó a un aliado que le es aún más cercano geográficamente. Su repetida ambición de convertirlo en el estado número 51 fue tomada muy en serio por Ottawa, que se negaba a verlo como una simple provocación o un chiste de dudoso gusto.

El exprimer ministro Justin Trudeau advirtió que la anexión era «una posibilidad real», y las maniobras estadounidenses que siguieron lo confirmaron. Trump calificó a Trudeau de «gobernador», hizo circular mapas que mostraban a Canadá como parte de Estados Unidos e incluso habría cuestionado la validez del tratado que delimita la frontera misma.

Aunque el presidente estadounidense subrayó que alcanzaría sus objetivos mediante la «fuerza económica», el mensaje fue inequívoco: la frontera pacífica más larga del mundo puede, en principio, convertirse en objeto de negociación.

Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Una ola de reacciones nacionalistas contribuyó a impulsar a Mark Carney al poder, y su gobierno comenzó, lento pero seguro, a revertir la profunda integración de Canadá en las estructuras de seguridad y económicas estadounidenses.

Poco después de la elección de Carney, Trump también comenzó a llamarlo «gobernador». Más recientemente, afirmó que no «quería» Canadá. Sin embargo, esta declaración no hacía más que subrayar el postulado subyacente a sus amenazas anteriores: que si quisiera, podría apoderarse del país vecino.

Entonces, ¿qué hacer con este brutal rechazo a la inviolabilidad de las fronteras de los Estados soberanos que profesa Trump? La dicotomía simplista que domina nuestros debates actuales —según la cual Trump sería o bien deficiente mental, o bien un «actor racional» experto en la escalada verbal, que utiliza para imponer una relación de poder— es fundamentalmente engañosa.

No solo no nos da ninguna indicación sobre el tipo de régimen que Trump está instaurando en Estados Unidos, sino que tampoco pone de relieve las fuerzas más amplias que completan su visión del territorio y la de su administración.

La lógica que fundamenta las acciones de Trump no se deriva ni de una mente trastornada, ni de una visión ponderada y realista del mundo, sino del régimen político que intenta instaurar a escala nacional.

Lo que Trump había iniciado durante su primer mandato, lo ha proseguido con ahínco desde el inicio de su segundo, a saber, la fundación de un régimen patrimonial.

Trump no es un caso aislado, sino que forma parte de una ola mundial de líderes a los que se puede calificar, siguiendo al sociólogo alemán Max Weber, de «patrimoniales»: se presentan como poderosos «padres» que dirigen el Estado como una empresa familiar.

En el siglo XXI, el patrimonialismo abarca países tan diversos como la Rusia de Vladimir Putin, la Hungría de Viktor Orbán, la India de Narendra Modi y el Israel de Benjamin Netanyahu.

Los líderes patrimoniales consideran que su autoridad no puede ser limitada por la ley, al tiempo que ven el territorio de su país, y a veces el de sus vecinos, como un patrimonio, es decir, como una propiedad que forma parte del «legado» de la nación y que está legítimamente controlada por la familia en el poder. En este contexto, las fronteras nacionales se consideran «históricas» más que «jurídicas».

El Estados Unidos patrimonial de Trump se ha sumado al creciente grupo de regímenes del siglo XXI que ya no consideran que el territorio de las entidades políticas esté fijado por tratados. Lo que Trump desea, por lo tanto, no es la dominación mundial, sino más bien un orden mundial gobernado por líderes personalizados que se reparten los territorios —«el botín»— de los Estados más débiles según acuerdos informales basados en sus respectivos patrimonios.

En resumen, Trump quiere un mundo poblado por otros Trumps.

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