LUCES Y SOMBRAS DE UNA TASA GLOBAL

Actualizado: jul 1

Después de años de frustrados intentos por articular una política fiscal común, el impacto económico de la pandemia sobre las arcas de los Estados decidió a los países desarrollados a pactar una inédita tasa global a las multinacionales y a gravar las millonarias ganancias de los gigantes digitales. Estas nuevas reglas de la globalización, también, pueden excluir y perjudicar al mundo en desarrollo.

La cumbre anual del Grupo de los 7 (G7) países más desarrollados en Cornwall (RU) alumbró un acuerdo fiscal básico buscado durante años para gravar a las corporaciones multinacionales, un primer paso hacia el establecimiento de reglas a la globalización precipitado por la necesidad de financiar la crisis de la pandemia y cuyo éxito integral dependerá en el futuro del acompañamiento de los emergentes.


Desde los 90, las condiciones en que se desarrollaron las grandes compañías que lideraron la globalización, en especial las surgidas de la economía digital (hoy, al menos hasta 15% del PIB global), generalizaron el antiguo recurso de evitar pagar impuestos moviendo dinero y sedes a otros países y/o “paraísos fiscales” para sacar máximo provecho de regímenes nacionales.


Desde entonces, apremiados principalmente por la necesidad de controlar y obtener recursos de una inédita globalización financiera que facilitaba el lavado de dinero y potenciaba los riesgos sistémicos de la especulación a gran escala, los Estados fueron adoptando reglas de transparencia para reducir las posibilidades de elusión y evasión fiscal. La gran crisis de 2008 aceleró ese proceso de control y fiscalización. En 2013, el G20 encargó a la OCDE estudiar una respuesta global a la “erosión de la base imponible y traslado de beneficios” (BEPS, por sus siglas en inglés).


En 2018, al cumplir una década de cumbres, los líderes del G20 declararon: “Seguiremos trabajando para lograr un sistema tributario internacional justo, sostenible y moderno basado, en particular, en los tratados tributarios y en las reglas de precios de transferencia, y damos la bienvenida a la cooperación internacional para fomentar políticas fiscales que propicien el crecimiento”.


Ahora, el G7 (EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá) acordó impulsar los Pilares 1 y 2 de la reforma gestionada en la OCDE: una base imponible de “al menos” 15% en todos los países para evitar su propia competencia por captar empresas e inversiones, y un nuevo gravamen a ganancias superiores al 10% de corporaciones que generan sus mayores beneficios fuera de sus países de origen, como los gigantes digitales estadounidenses y ahora algunos chinos.


En lo formal, la reforma depende ahora de la reunión de ministros de Finanzas del G20 en julio, y luego de la cumbre anual de líderes del G20 en octubre (bajo la presidencia de Italia). Allí, grandes emergentes como China, India, Rusia o Brasil podrán sumarse, si es que consideran que los acuerdos del G7 benefician a la economía global y no sólo a los desarrollados: todos están igualmente interesados en las inversiones y los recursos fiscales de las grandes corporaciones.


LAS LUCES



Una clave de la reforma es dejar atrás una legislación actual, que se corresponde con un orden económico nacido hace décadas -previo a la actual era digital y a la creación de Cadenas Globales de Valor (CGV)- en el cual las empresas sólo pagan impuestos allí donde mantienen presencia física, no donde obtienen las ganancias .


Los vacíos legales dispararon la competencia fiscal entre países y una “carrera hacia la baja” de impuestos a las ganancias de las sociedades, que sólo en Europa cayeron del 50% a menos de la mitad desde los 80. Las corporaciones con negocios transnacionales instalaron su sede en países con menos impuestos para declarar allí los beneficios logrados en el resto de los mercados con gravámenes más altos.


Los impuestos a las grandes empresas no han dejado de bajar bajo el imperio del neoliberalismo, que inducía a la vez una baja del gasto público. Paradójicamente, o no tanto, durante la crisis de 2008 fueron los Estados -y sus contribuyentes no corporativos- los que se hicieron cargo de los rescates financieros. Ahora, la pandemia ha desnudado dramáticamente ese descalce de fondos.


En el “nuevo orden impositivo” impulsado por el G7, las multinacionales pagarían impuestos a partir de una ganancia global mayor al 10% y distribuirían el 20% del gravamen sobre el excedente entre todos los países donde operan (Pilar 1). Y se establecería, además, un una tasa mínima común global de 15% a las sociedades, para evitar la competencia entre países (Pilar 2) y “relocalizar” sus actividades y empleos (un asunto especialmente sensible para Estados Unidos).


El impacto fiscal en las multinacionales dependerá de cómo distribuyen sus negocios. Por el Pilar 2, perderán más las que trasladaron sus negocios a países con impuestos a sociedades por debajo del 15%. La tasa media de los países desarrollados es hoy de 23% (OCDE). Reuters estimó que el nuevo esquema costaría a Google un pago adicional de más de USD 500 millones anuales y al gigante Johnson & Johnson otros USD 270 millones (por sus ganancias en 2020).


La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, opinó que este impuesto mínimo de 15% mejorará las condiciones económicas mundiales y animaría a los países “a competir sobre bases positivas”, como la educación y formación profesional, la inversión y desarrollo y la infraestructura.


Un informe del Observatorio Fiscal de la UE estimó que un impuesto mínimo del 15% generaría USD 58.000 millones al año y la Administración Biden calculó que recuperaría a ingresos fiscales por USD 500 mil millones en una década. La OCDE proyectó una recaudación adicional global de USD 81.000 millones al año por los dos pilares (hasta USD 70 mil millones por el mínimo global del 15%.


Mientras tanto, para reforzar la nueva estrategia, la UE aprobó este año, para las empresas del bloque con ingresos totales consolidados de más de USD 917 millones anuales, la obligación de detallar sus cuentas por país durante los últimos dos años (la evasión fiscal en la UE se estima en USD 61 mil millones anuales.


Si la reforma del G7 prospera, impactará en países con bajos impuestos como Irlanda (entre 6,5% 12,5%),o con muchas exenciones como Luxemburgo y Holanda, sin contar los paraísos fiscales. Las multinacionales que operen en ellos deberán pagar la diferencia hasta llegar al 15% a los países donde tiene su matriz (muchos de ellos en Estados Unidos, como los gigantes tecnológicos).


La ventaja, en el caso de la distribución de impuestos a las ganancias para corporaciones que superen el 10% global, sería para países con mercados donde generan muchos beneficios (en el caso europeo Alemania, Reino Unido o Francia)


LAS SOMBRAS



Este acuerdo fiscal dejó en claro que el G7 -como el G20- es una mesa de intereses. Su dinámica supone tensiones internas que suelen resolverse ante crisis generalizadas y agudas, como las que planteó la pandemia y la necesidad de financiar el extraordinario esfuerzo fiscal que hicieron los Estados. Mirada así, la reforma parece ser fruto de consensos mínimos, antes que un cambio radical.


Ello explica que el G7 haya dejado sin resolver qué corporaciones multinacionales pagarían la tasa especial a ganancias superiores al 10%. Estados Unidos quiere limitar esa reforma a las 100 empresas más grandes del mundo (sólo 38 son estadounidenses), pero podrían entrar hasta 8 mil con el criterio de la OCDE (ingresos de más de USD 750 millones anuales), como prefieren los europeos.


La Casa Blanca también favoreció la negociación porque encaja con su propósito de subir su impuesto de sociedades, de 21% a 28%, para financiar su ambicioso programa de reformas económicas y sociales, y para revertir la “deslocalización” de empresas estadounidenses. De hecho, alentaba una tasa mínima global de 21%, pero aceptó llevarla a “al menos 15%”, para hacerla posible.


En ese toma y daca dentro del G7, Estados Unidos pide también que los países que tengan aprobada la llamada “tasa Google”, a los gigantes digitales estadounidenses, como Italia, Francia y Reino Unido, la retiren. Como dijo la secretaria Yellen, la reforma “sustituirá a un enfoque que nos parecía objetable, que se centraba en las grandes y exitosas empresas digitales estadounidenses".


Luego, están los “perdedores” en el propio Norte, como Irlanda, que ofrece un impuesto de sociedades de 12,5%, y exige ahora que se comprendan “las necesidades de los países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo".

Irlanda podría perder hasta 2.000 millones de euros, según su ministro de Economía, Paschal Donohoe. En 2020, recaudó 11.800 millones de euros.


Después de todo, la tributación media en la OCDE ya bajó del 45% en 1980 hasta cerca del 23% en 2020. En la UE, el G7 queda básicamente protegido: sólo Bulgaria, Chipre, Hungría e Irlanda gravan las sociedades debajo del piso de 15% propuesto ahora. Reino Unido lo tiene en 19% y quiere llevarlo al 25% en 2023, para compensar el gasto durante la pandemia.


Para organizaciones externas involucradas en asuntos fiscales y de igualdad, la reforma es poco ambiciosa e incluso dejará en pie a los paraísos fiscales. Alex Cobham, director ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal, la consideró un punto de inflexión, pero "extremadamente injusta" e instó a asegurar que “los beneficios, los ingresos, se distribuyan de forma justa por todo el mundo".


"Es absurdo que el G7 afirme que está 'revisando' un sistema fiscal mundial roto estableciendo un tipo impositivo mínimo mundial para las empresas que es similar a los tipos blandos que cobran paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur", dijo la directora ejecutiva de Oxfam, Gabriela Bucher. La reforma, concluyó, favorecerá a los miembros del G7, sede las corporaciones, en perjuicio de países pobres.


En su búsqueda de respaldo global, precisamente, la reforma deberá pasar por el G20, donde los emergentes participan de otro modo en la relación sede-impuestos de las corporaciones que exhiben los países del G7. Es decir, la reforma corre el riesgo de ser, en el fondo, una reforma más parcial que global. China, la segunda mayor economía, con sus propios gigantes digitales, no se ha pronunciado aún.


Por ejemplo, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, considera que "cobrar impuestos a las corporaciones multinacionales es una necesidad", pero una tasa mínima global del 15% "es demasiado baja" y puede terminar siendo, “de hecho, la tasa máxima”. Argentina, miembro del G20, considera que “una tasa del 21% sería mejor, y una del 25%, aún mejor".


En un trabajo reciente, los economistas Anis Chowdhury y Jomo Kwame Sundaram, ambos con larga experiencia en organismos de Naciones Unidas, concluyen que “la reforma privará a los países en desarrollo de lo que les corresponde, una vez más”.


Ambos recuerdan que la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT, en inglés) pidió una tasa mínima global a sociedades de 25%, para mejorar la financiación del desarrollo, pero quedó en 15%.


En cuanto a la reforma de ganancias (Pilar 1), como los países de origen de las matrices tienen derecho a gravar el beneficio residual sobre el 10%, o el saldo no gravado por los países de acogida, los países en desarrollo ya no tendrán motivos para ofrecer incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera directa, advierten.


Tanto las propuestas de la OCDE como las del G7 favorecen a los países de origen de las corporaciones transnacionales (...) los mecanismos para distribuir los ingresos fiscales adicionales beneficiarían principalmente a los países más ricos, donde se encuentran la mayoría de las grandes corporaciones”, argumentan Chowdhury y Sundaram.


Publicado el 28/06/2021