La segunda vuelta de las presidenciales del próximo 12 de julio serán una prueba para el nacionalismo conservador polaco en el poder desde 2015 y sus resultados pueden tener efectos en la cohesión de todo el bloque comunitario.
Polonia celebrará el 12 de julio la segunda vuelta de una de las elecciones presidenciales más esperadas de la era poscomunista, cuyos resultados pueden influir en el tablero general de la Unión Europea (UE) y a las que el nacionalismo conservador en el poder llega apremiado por una oposición revitalizada.
Más de 30 millones de polacos están habilitados para votar (en la primera vuelta participó el 64,4%) en los primeros comicios nacionales post COVID-19 que se celebran en un Estado miembro de la UE. Antes, Serbia e Islandia fueron los primeros de toda Europa en volver a las urnas tras la pandemia.
El actual presidente, Andrzej Duda (48), del gobernante Ley y Justicia (PiS, en polaco Prawo i Sprawiedliwosc), competirá en el ballottage con el actual alcalde de Varsovia, el centrista Rafal Trzaskowski (48), de Plataforma Cívica. El presidente con 45% y su rival obtuvo 30%.
Sin embargo, los sondeos auguran una segunda vuelta muy disputada, por la reagrupación del voto del resto de lo candidatos: Władysław Kosiniak-Kamysz (Coalición Polaca), Robert Biedron (La Izquierda), el ultraderechista Krysztof Bosak (LR) y la revelación en primera vuelta y gran árbitro del ballottage, el periodista católico Szymon Hołownia (14%), un progresista que compitió como independiente.
Aunque las últimas elecciones generales resolvieron la conformación del Parlamento hace ocho meses, y con ello la formación del actual gobierno nacionalista conservador del PiS, el cargo de presidente es políticamente determinante en el régimen parlamentario polaco por su facultad de vetar leyes.
Elección fallida
Polonia inaugurará de algún modo la “nueva normalidad” electoral en Europa, ya que como parte de una larga y accidentada negociación con la oposición, el oficialista PiS -bajo el liderazgo del ultraconservador Jaroslaw Kaczynski- aceptó que se pueda emitir el voto tanto de manera presencial, como por correo.
La saga electoral polaca comenzó en plena pandemia, cuando el gobierno presionó fuertemente para convocar a las elecciones presidenciales pese al estado de emergencia sanitario, para sacar provecho del flojo momento opositor en las encuestas y asegurar la reelección de Duda como presidente (2015-2020).
El PiS venía de obtener ya una ajustada victoria en las elecciones legislativas de octubre de 2019, cuando el oficialismo renovó por poco su mayoría en el Sejm (cámara baja del Parlamento), con 235 de los 460 diputados, pero perdió el control del Senado (48 sobre 100) por un formidable avance de la Coalición Cívica y fuerzas menores.
Ese nuevo retroceso político del conservadurismo católico polaco -gobernó entre 2005 y 2007, y recuperó el poder en 2015- decidió a su líder histórico J. Kaczynski a impulsar obstinadamente una convocatoria a elecciones en mayo pasado, contra la voluntad de la oposición y el recelo de las autoridades de la UE.
La ofensiva oficialista fue precedida, además, por un proyecto de reforma constitucional que hubiese permitido extender el mandato de Duda por otros dos años. El intento de reforma se frustró por el rechazo de la opositora Plataforma Cívica, liderada por Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo (2014-19).
El gobierno ultraconservador sumó a ello otro antecedente negativo con el procedimiento abierto por la Comisión Europea, el cuarto por infracción contra Polonia, por un proyecto de ley que potencialmente podría afectar la independencia de los jueces y, por lo tanto, las bases del derecho comunitario. Por esas iniciativas, el progresismo europeo asocia la deriva de la actual Polonia con la Hungría gobernada por el premier ultranacionalista y xenófobo Víktor Orban (Fidesz).
En ese contexto, el PiS insistió en convocar a las elecciones presidenciales para mediados de mayo y forzó en el Parlamento la aprobación de una modalidad inédita de sufragio sólo por vía postal, con el argumento de evitar contagios de COVID-19.
La reforma, que sembraba dudas sobre el mínimo secreto que demanda el voto en democracia, desplazaba además del escrutinio a la Comisión Nacional Electoral y lo dejaba en manos de la empresa estatal de Correos, administrada por el gobierno.
Hasta la influyente Iglesia Católica polaca instó a "buscar soluciones que no susciten dudas legales o sospechas de violación del orden constitucional". Así, bajo una creciente presión nacional e internacional, oficialismo y oposición acordaron realizar los comicios en junio e incorporaron el voto presencial, junto con el que se pueda emitir por correo.
El contexto
Los polacos asistirán a las urnas cuando la crisis del COVID-19 comienza a ceder en Europa y en el país dejó, hasta ahora, unos 32 mil contagiados y casi 1.400 muertos. Pero también con el país padeciendo la misma parálisis económica que afecta al resto de Europa (-7,4% PIB en 2020 para la zona euro, según Bruselas).
Aún así, las más recientes previsiones económicas de la Comisión Europea (CE) incluye a Polonia (38,3 millones de habitantes) entre los países de la UE los que menos golpeará la crisis del COVID-19, con una recesión de 4,3% este año.
En ese contexto, la primera vuelta presidencial de este 24 de junio vuelve a poner sobre el tapete el futuro de la relación Varsovia-Bruselas. Pese al avance de fuerzas euro escépticas, en la UE persiste la desconfianza hacia el gobierno del PiS y la expectativa por una segunda vuelta que ponga en jaque a Duda (el ballottage se gana con más de 50%).
El PiS tiene mayoría en la cámara baja del Parlamento, pero no llega a los tres quintos necesarios para contrarrestar un veto presidencial a las leyes. Como las próximas legislativas se realizarán en 2023, un presidente opositor puede bloquear todas las propuestas del gobierno durante los próximos tres años.
Desde los fallidos comicios del 10 de mayo, la oposición experimentó cambios en su conducción que mejoraron sus expectativas electorales, por empezar el reemplazo de su candidato presidencial. El centrista Rafal Trzaskowski, un joven politólogo, ex secretario de Asuntos Exteriores y ex eurodiputado que resultó elegido alcalde de Varsovia en 2018, sustituyó a Malgorzata Kidawa-Blonska.
Lo que hay en juego
Junto con la gestión de la crisis del COVID-19, la situación económica y la tirante relación con la UE, el reconocimiento y garantía de los derechos de la comunidad LGTB -resistidos por el nacionalismo conservador católico que sustenta al gobierno del PiS- se ha convertido en uno de los principales asuntos de campaña.
Desde el ayuntamiento capitalino, Trzaskowski apoyó en 2019 al colectivo LGBT (Lesbianas Gays Trans y Bisexuales) impulsando programas de educación sexual en las escuelas de Varsovia. Pero la mayoría católica del país se hace muy fuerte todavía en zonas rurales, donde se puede decidir una segunda vuelta presidencial.
Aprovechando su condición de presidente para realizar todo tipo de actos oficiales, Duda agitó a las bases más conservadoras atacando a la “ideología” LGBT, pero sin descuidar la promesa de continuidad de la ayuda social del gobierno a familias y jubilados de los sectores menos tradicionalistas pero necesitados.
En las últimas semanas, a medida que se aproximaban los comicios, Duda bajó el tono de sus comentarios homófobos e, incluso, recibió en el palacio presidencial a activistas LGBT, en un intento por mostrar un costado más inclusivo, aunque sigue oponiéndose a la legalización del matrimonio igualitario.
En el plano internacional, la UE mantiene sus prevenciones sobre el surgimiento de un nuevo bastión político “iliberal” y económico proteccionista en Europa.
Significativamente, en vísperas de la primera vuelta, Duda se convirtió en el primer mandatario en visitar a su par Donald J. Trump desde el inicio de la pandemia, para su quinta reunión bilateral en sólo tres años. El 79% de los polacos tiene opinión favorable de Estados Unidos (más que cualquier otra nación europea).
Pero, además, el presidente Trump está especialmente interesado en desplegar desplegar hasta 1.000 efectivos en el país europeo, miembro de la OTAN, justo cuando la Casa Blanca anunció su intención de replegar otros 9.500 de sus antiguas bases en Alemania, por considerar que forman parte de un esquema ya “obsoleto” de defensa heredado de la Guerra Fría (1945-1991).