Vladimir Putin implementó reformas económicas, políticas y diplomáticas a lo largo de dos décadas en Rusia. Ahora, busca fijar su legado político en la Constitución de la Federación Rusa: gobierno centralizado, disciplinamiento de los privados y valores tradicionales.
En mayo, Vladimir Putin cumplirá 20 años a la cabeza de la Federación Rusa. El exagente de inteligencia de la KGB soviética dio sus primeros pasos en la política local al final de la presidencia de Boris Yeltsin, al igual que otros tantos siloviki (cuadros militares o de seguridad soviéticos devenidos en funcionarios). Yeltsin durante los 90, implementó una “terapia de shock” de apertura económica y reformas políticas, en consonancia con un marcado alineamiento con Estados Unidos en política exterior.
A comienzos del nuevo milenio, cualquiera que asumiera como sucesor de Yeltsin no solo recibiría una Rusia afectada por una crisis económica producto de la caída en los precios de los hidrocarburos y la liberalización arriesgada de una estructura productiva que había estado dirigida por 70 años, sino que también tendría que intentar gobernar en un convulsionado aparato institucional muy fragmentado y con poderes postsoviéticos en competencia. Además, hacia afuera, Moscú se había visto humillada ante la comunidad internacional luego del fracaso de la Primer Guerra Chechena (1994-96), reflejo de que el gigante euroasiático, heredero de la Unión Soviética, ya no era un actor determinante en las dinámicas del sistema internacional.
LA ERA PUTIN
Putin asumió la presidencia a mediados del 2000, después de triunfar en las urnas con solo 47 años. El diagnóstico fue contundente: Rusia se encontraba en decadencia en términos políticos, geopolíticos, económicos e incluso sociales. Cuando los síntomas tempranos de esta crisis general se presentaron, como con el hundimiento del submarino nuclear “Kursk” y la Segunda Guerra Chechena (1999-2009), Putin mostró un liderazgo centralizado y firme.
Dependiendo del libro que se tome, el estilo de gobierno de Putin y su proyecto ideológico han sido catalogados de diferentes maneras: “nuevo zarismo”, “eslavófilo”, “neorrealismo”, “autoritarismo competitivo”, entre otras. Sea cual fuere la etiqueta que se prefiera, lo cierto es que el líder ruso siempre prefirió definir a su administración por sus resultados. En sus primeros dos mandatos (2000-2008), logró estabilizar la economía, aumentar la calidad de vida de los rusos y revivir un sentimiento nacionalista que parecía quebrado. Además, comenzó a distanciarse de Washington en episodios como la invasión a Irak de 2003, cuando Rusia excluyó la posibilidad del uso de la fuerza en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En esta fase de consolidación de poder, Putin se apoyó en la amplia red de “oligarcas” que habían consolidado su poder durante el caos económico de la década precedente, pero incorporándolos a una estructura disciplinada dentro del Estado y bajo permanente amenaza de persecución en caso de no acatar las directrices del Kremlin. Así la nueva élite económica rusa se reconvirtió dentro de las estructuras políticas: nacían los “burogarcas”, pieza clave de la coalición de Putin.
A partir de entonces, el Estado no se alteró demasiado. De hecho, los últimos estudios demuestran que el peso del sector público en la economía rusa se mantiene en torno al 33% del PBI en los últimos quince años. Hasta hoy, más de la cuarta parte de los empleos en la Federación son gubernamentales.
Además del disciplinamiento arriba, Putin miró hacia abajo. La sociedad rusa volvió a estar controlada en varias esferas de la vida diaria, desde la educación hasta los medios de comunicación, pasando por políticas públicas para impulsar la natalidad. Además, Putin desplegó una nueva retórica cristiana ortodoxa y puso límite a los sectores progresistas, europeístas y pro-occidentales que habían aparecido en Rusia en tiempos de Yeltsin. El caso más emblemático sigue siendo los derechos de la comunidad LGBT, con la negativa rotunda al matrimonio igualitario y la creciente condena social promovida desde el Estado.
Luego de ocho años, Putin dejó la presidencia a Dimitri Medvédev (2008-12), pero siguió marcando el compás de la política rusa desde su nuevo cargo como primer ministro. Mediante una rápida reforma política en 2008, modificó el mandato presidencial a seis años y ganó en las elecciones de 2012 y 2018.
En sus dos nuevos periodos (2012-18 y 2018-24), Putin consolidó sus estrategias de la década anterior y pasó a proyectar mucho más asertivamente la posición de Rusia en la arena internacional. Si la consolidación de los BRICS y la Unión Económica Euroasiática (UEEA) representan la faceta multilateral de la política exterior de Putin, las relaciones y proyectos bilaterales con países como China, Irán y Siria reflejan el fortalecimiento de los vínculos que se consideran prioritarios por cercanía geográfica y sensibilidad estratégica. Por otra parte, Rusia no dudó en actuar unilateralmente en varios espacios, como el Cáucaso en 2008 y Ucrania en 2014.
En los últimos años, las sanciones económicas de Occidente producto de la crisis de Crimea golpearon a la economía rusa. Para contrarrestar su efecto, el gobierno de Putin lanzó una amplia reforma del sistema burocrático. Cinco años más tarde, pocos rusos discutirían que para un ciudadano promedio, la interacción con el Estado ruso es ahora mucho más formalizada y eficiente.
LAS REFORMAS
Ya en 2020, el discurso anual del presidente ruso ante el parlamento dejó nuevamente descolocados a todos los actores, internos y externos. Putin comenzó su presentación reconociendo la sed de cambio del público y la necesidad de apoyar mejor a las familias rusas: la mayor parte del discurso se centró en los niños y las familias, la atención sanitaria y el desarrollo económico. Enseguida, concluyó proponiendo enmiendas a la Constitución de 1993 que podrían alterar la forma en que se gobierna Rusia.
Algunas nuevas promesas, como un salario mínimo vital y jubilaciones indexadas, son concretas. Otras, incluyendo los planes de reestructuración del gobierno, siguen siendo bastante enigmáticas en sus consecuencias prácticas a largo plazo. El borrador tardó algunas semanas en darse a conocer, y a mediados de marzo la Duma (el legislativo federal ruso, cámara baja) trató la propuesta. Se esperaba un tratamiento sin sorpresas, pues la coalición oficialista Rusia Unida controla más del 75% de las bancas, pero el resultado fue contundente al aprobarse el proyecto por unanimidad. Un par de días más tarde, el Consejo de la Federación (cámara alta) también se manifestó positivamente casi en su totalidad, y la totalidad de los 85 parlamentos regionales dieron el visto bueno.
No obstante, Putin insiste en refrendar sus reformas al máximo con una convocatoria a las urnas. Inicialmente planeada para el 22 de abril de 2020, la consulta popular tuvo que ser aplazada al 1 de julio por la pandemia del COVID-19. Todos los expertos coinciden en que, aun sin una manipulación de los comicios, es altamente probable que el paquete constitucional sea aceptado en el referéndum basándose únicamente en el hecho de que un apartado incluirá esas garantías sociales relativas al salario mínimo y la indexación de las jubilaciones.
De acuerdo con el actual proyecto, de aquí en adelante los presidentes de Rusia se limitarán a dos períodos de seis años. Hasta ahora, el límite constitucional ha sido de dos mandatos consecutivos, no totales. Esto le sirvió a Putin para retirarse entre 2008 y 2012, para después volver enrocando con Medvédev. Putin ahora está sugiriendo que esa posibilidad cese.
Dos escenarios posibles a futuro se plantean: ¿buscará Putin un quinto mandato en 2024, o acaso quiere debilitar la presidencia, para poder controlar a su sucesor desde algún otro puesto? El presidente conservará el control sobre el nombramiento de los jefes de los servicios de seguridad, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del poder judicial, entre otros, y podría despedir a ministros y jueces.
Putin también sugirió que el Consejo de Estado, que ahora es un órgano consultivo presidido por el Presidente e integrado por los gobernadores de Rusia, altos funcionarios y jefes de los órganos legislativos y los partidos, desempeñe una función de formulación de políticas públicas. Por otra parte, la Duma podrá confirmar al primer ministro, pero una vez que asuma dependerá exclusivamente del presidente y podrá renunciar sin necesidad de siquiera notificar al legislativo.
Si bien la nueva multiplicidad de cargos de alto nivel para algunos especialistas augura una despersonalización del gobierno en Rusia, el presidente seguirá teniendo las riendas del sistema. Los rasgos autoritarios de la estructura política de la Federación obedecen a tendencias históricas y gozan de aceptación por buena parte de la ciudadanía, que insiste en un “gobierno fuerte” para combatir la incertidumbre internacional, a la que ahora se le suma la pandemia del coronavirus.
También habrá modificaciones a los requisitos para los candidatos presidenciales. Hoy en día, un candidato debe haber vivido en Rusia durante 10 años. La nueva Constitución aumentaría ese número a 25, junto con la prohibición de haber tenido alguna vez la ciudadanía extranjera o el derecho a la residencia continua. Como muchos opositores rusos han residido o estudiado en el extranjero, se estima que la interpretación de estas disposiciones sea un poderoso instrumento de control electoral.
Otras enmiendas apuntan a dar jerarquía constitucional a un conjunto de leyes nacionales y regulaciones ministeriales ya vigentes, como la prohibición de cuentas bancarias en el exterior para funcionarios o el apoyo a compatriotas en el extranjero. Es decir, si bien estos agregados no afectarán la vida diaria en Rusia, Putin se está asegurando de que cada detalle de la doctrina institucional de estas dos décadas quede cristalizada en la carta magna de la Federación.
Especial atención despertaron agregados como una serie de valores tradicionales que desde el gobierno se han promovido en la ciudadanía rusa a lo largo de estas dos décadas. Se explicita la “fe en Dios”, se plasma el relato historiográfico de la “grandeza rusa” y se declara a los rusos como “pueblo vertebrador del Estado”, relegando a las minorías étnicas de la Federación.
Mientras que Putin cosecha dos tercios de aprobación entre los ciudadanos, ningún candidato opositor obtendría un resultado de dos dígitos en una elección presidencial. A pesar de no contar con un sucesor explícito a la vista, la ausencia de una oposición abroquelada en torno a una candidatura estable prefigura que tanto a nivel federal como local la estructura de poder de Rusia Unida se mantendrá hacia futuro. Luego de dos décadas de gobierno centralizado, Vladimir Putin está listo para institucionalizar su legado.